PLAZOS PARA INVESTIGACIONES COMPLEJAS

Advierten peligro en interpretación de ley

Advierten peligro en interpretación de ley
Siguiendo instrucciones del magistrado presidente, José Ayú Prado, la secretaria general de la CSJ, Yanixsa Yuen, remi

El excontralor Alvin Weeden advirtió el “peligro” de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia interprete los plazos que establece la Ley 121 de 2013 respecto a las investigaciones de tramitación compleja, en relación con el artículo 2033 del Código Judicial, que fija los términos para los procesos comunes.

Weeden hizo el comentario luego de que el presidente de la Corte, José Ayú Prado, remitió al pleno una carta que le envió el abogado Ernesto Cedeño, para que, precisamente, se interprete el alcance de los artículos 3 y 8 de la Ley 121 de 2013 en relación con el 2033 del Código Judicial.

Según Weeden, la Corte podría tergiversar la Ley 121 de 2013 –sobre crimen organizado– justo cuando se analiza una apelación de la Fiscalía Especial Anticorrupción al fallo de la jueza duodécima penal interina, Lania Batista, quien negó adecuar el plazo de la investigación del caso Odebrecht, aplicando el artículo 2033 del Código Judicial, que data de 1987, en vez de la Ley 121 de 2013.

Weeden fue quien interpuso en 2015 la denuncia sobre el presunto uso que le dio Odebrecht al sistema financiero local para lavar dinero.

CSJ INTERPRETARÁ LEY 121 DE 2013

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, remitió a sus colegas del pleno la nota que le envió el abogado Ernesto Cedeño, en la que solicitó a esa corporación de justicia que discuta el sentido y alcance de los artículos 3 y 8 de la Ley 121 de 2013 –que regula la investigaciones de crimen organizado–“debidamente relacionados con el artículo 2033 del Código Judicial...”.

El propósito de la petición de Cedeño es que los magistrados “puntualicen una integración sistemática sobre la detención provisional en los procedimientos de tramitación compleja y la plasmen en las decisiones constitucionales que vayan a decidir próximamente”.

Mi posición jurídica es que a los procedimientos de tramitación compleja pudiera extendérsele una adecuación adicional a los plazos para la investigación, más allá de los dos meses de que habla el artículo 2033 de marras, aunque hubiese detenidos, cuenta habida de que el artículo 8 de la Ley 121 establece un plazo mayor en las detenciones provisionales, por encima de lo que reza el Código Procesal Penal para la generalidad de los otros casos”, dice la nota que Cedeño envió a la CSJ el pasado 30 de octubre.

Según Cedeño, una interpretación en ese sentido podría permitir “que los casos emblemáticos no sucumban por los presuntos errores cometidos por algunos funcionarios de la administración de justicia”.

Sus señalamientos se dan en medio de la polémica surgida entre el Ministerio Público (MP) y la CSJ en relación con varios fallos emitidos por juzgados como parte de los proceso sobre los sobornos de Odebrecht.

El 13 de julio pasado, el Juzgado Duodécimo Penal declaró de trámite complejo el caso Odebrecht, con base en la Ley 121 de 2013, y adecuó sus plazos hasta que se agotara la investigación; sin embargo, señaló que si se ordenaba la detención de un procesado el MP tendría dos meses para entregar la vista fiscal.

El 25 de octubre pasado, la jueza duodécima penal interina, Lania Batista, negó un pedido del MP para adecuar el plazo de la investigación, basada en el artículo 2033 del Código Judicial y no en la Ley 121 de 2013.

El artículo 3 de la citada ley dice: “cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Público determine, de acuerdo con la presente ley y las normas internacionales vigentes, que los hechos investigados califican como delincuencia organizada, el fiscal competente solicitará al juez de garantías o tribunal competente la aplicación de procedimiento de tramitación compleja”.

Mientras, el artículo 8 plantea que “el plazo de detención provisional previsto en los artículos 237 y 504 del Código Procesal Penal se extenderán a cuatro años en los delitos de crimen organizado”.

PETICIONARIO EXPLICA

Según Cedeño, la CSJ debería emitir un fallo que, independientemente de que haya detenidos, permita extender los plazos para que investigaciones como la de Odebrecht se puedan agotar hasta el final, tomando en cuenta la gran cantidad de imputados, las asistencias judiciales internacionales solicitadas y las diligencias que se deben realizar.

A su juicio, con la interpretación constitucional que haga la CSJ de este tema los juzgados y el MP tendrían claro el ámbito de aplicación de la norma.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden, quien presentó en 2015 la denuncia sobre el supuesto uso del sistema financiero local por Odebrecht para el blanqueo de capitales, consideró innecesario que sea la CSJ la que resuelva esta interpretación.

Según Weeden, la Ley 121 de 2013 es una ley especial para los casos de delincuencia organizada y, por ende, los artículos 2033 y 2034 del Código Judicial, que datan de 1987, no son aplicables a estos procesos.

Puntualizó que la Ley 121 deja en insubsistencia el resto de las leyes anteriores que regulan esta materia, ya que dicha norma fue creada de manera específica para estos casos.

Alegó que esto debe ser resuelto por el Segundo Tribunal Superior cuando resuelva la apelación de la fiscal especial Anticorrupción Zuleyka Moore a la decisión de la jueza Batista.

Para Weeden, sería “peligroso” que la CSJ entre a debatir este tópico, porque podría tergiversar el sentido de la Ley 121 de 2013 respecto a los procesos de tramitación compleja.

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