La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia fue la que autorizó el fatídico vuelo de la compañía LaMia desde Santa Cruz hasta Medellín, reveló ayer un abogado, que informó que el documento está en manos de autoridades de la policía federal brasileña.
“La DGAC aprobó el ingreso y salida del vuelo de LaMia. Lo que se quiere acá es confundir a la población, marear a la perdiz y buscar responsables en mandos medios”, afirmó Guido Colque, abogado de una funcionaria de la empresa de aeropuertos de Bolivia Aasana, que huyó del país hacia Brasil.
El diario El Deber informó en su edición de la fecha que una copia de esa autorización está en manos de la policía federal de Brasil.
La técnico aeronáutica de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Celia Castedo, aseguró que hizo cinco observaciones a la tripulación el día del vuelo fatídico, pero que no fue escuchada, y que solo la DGAC tenía la potestad de impedir el viaje.
Una investigación de las autoridades aeronáuticas colombianas estableció que la nave tenía combustible limitado para cubrir la ruta entre la ciudad boliviana de Santa Cruz y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín.
Según la indagación, “hasta el momento tenemos evidencia de que ningún factor técnico influyó en el accidente, todo está involucrado en un factor humano y gerencial”.
Hasta la fecha el Gobierno boliviano estableció que la responsabilidad del siniestro recae en la empresa LaMia y en el piloto Miguel Quiroga, por planificar un viaje sin cumplir exigencias de seguridad, además de la funcionaria Castedo de Aasana. A la par, la azafata boliviana Ximena Suárez, una de las seis sobrevivientes, citada por un fiscal local, declaró que el dueño de la empresa LaMia es el venezolano-español, Ricardo Albacete, pese a que el aludido negó cualquier vinculación.