Carlos Gavilanes, representante legal de varios afectados por el siniestro, indicó que después de casi una semana del incendio ingresaron en la investigación con las primeras denuncias penales, lo que los constituyó en la primera firma de abogados que representó a las víctimas, teniendo a la vez la responsabilidad de la mayor cantidad de representados en dicho proceso penal. Sostuvo que en este proceso solo se emitió sentencia condenatoria al chofer y al propietario del bus, y se exoneró a las empresas que vendieron el vehículo y que le dieron el mantenimiento automotriz y del aire acondicionado. También detalló que ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, presentó 10 demandas en contra de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre por la “pésima” prestación de los servicios públicos, de supervisión, vigilancia y coordinación del transporte público de personas. Además, también se querelló contra el Banco Nacional de Panamá, porque el bus incendiado se financió con fondos estatales.
“Es importante señalar que en las 10 demandas que presenté ante la Sala Tercera, en todas se le exoneró de responsabilidad al Estado”, acotó.
Por otra parte, Gavilanes detalló que en el año 2008, a través de dos firmas de abogados especializadas en seguridad industrial y medio ambiente, con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, y con previa autorización de las víctimas, presentaron una demanda civil por daños y perjuicios en contra de las empresas Northcutt Inc., la cual comercializó y registró en Panamá tres gases refrigerantes “altamente inflamables”, cuyo uso había sido prohibido en ese país.
En ese sentido, indicó que las investigaciones científicas llevadas a cabo por los laboratorios especializados del Ministerio Público arrojaron que en los dos compresores del aire acondicionado del bus se encontraron los dos componentes químicos constitutivos de los gases inflamables.
Ahora, el próximo 7 de noviembre, tanto los afectados como sus abogados deben practicar un ciclo de pruebas testimoniales adicionales en la ciudad de Houston, previas a la audiencia de fondo que se llevaría a cabo a mediados del próximo año. Otro abogado de las víctimas, Víctor Martínez, indicó que el Estado le ha dado la espalda a estas personas, por lo que ahora están buscando justicia en el exterior. Martínez presentó recientemente un libro titulado 8B-06. Crónica de una tragedia anunciada.