El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, anunció ayer que interpondrá acciones legales y adelantará procesos en el Tribunal de Cuentas contra los que resulten responsables de la compra de 24 millones de dólares en equipos antidisturbios. De esos, 15 millones de dólares, para el Servicio de Protección Institucional (SPI) que hizo el gobierno de Ricardo Martinelli.
Aguilera reveló que ministros de Defensa de Centroamérica, México y Colombia, a quienes se les consultó sobre estas compras, coincidieron en que fue “excesiva”.
El funcionario indicó que tratarán de devolver los pertrechos “innecesarios” al fabricante, y evalúan vender a países vecinos parte del inventario que aún reposa en el almacén del SPI.
El exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo que sería un “error” deshacerse de ese material antidisturbios.