Los contratos de arrendamiento de terrenos de la Universidad de Panamá (UP) en Tocumen, negociados durante la gestión del rector Gustavo García de Paredes, contienen múltiples condiciones de “desventaja” para los intereses de la entidad y por ello, la Contraloría General de la República recomendó emprender las acciones y modificaciones pertinentes.
Así lo sugieren tres informes de auditoría de la Contraloría, entregados ayer al Ministerio Público, que abordaron los alquileres de fincas que suman en su conjunto 65 hectáreas, en Tocumen, pero que, según las auditorías, no se trataba de alquileres, sino de “concesiones administrativas”.
“Se evidenció absoluta inobservancia a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que imperan en materia de contratación pública”, exponen las auditorías, puesto que se pactaron aumentos de superficies, así como incremento en los cánones (de un máximo de 2%, luego de 20 años) sin la consideración de los avalúos respectivos, así como cánones de arrendamiento a discreción, por falta de avalúos; tal y como lo detalló un reportaje de investigación de La Prensa sobre la enajenación de unas 160 hectáreas del patrimonio universitario.
Debido a la falta de avalúos y a la “poca cooperación” de las autoridades universitarias, no se pudo cuantificar el posible monto del perjuicio económico causado al Estado, pero concluyeron que hubo violaciones a la ley orgánica de la UP, que indica que su patrimonio no podrá enajenarse sin que la institución reciba íntegramente su valor económico.
La Contraloría General de la República concluyó en auditorías entregadas esta semana al Ministerio Público que los contratos de arrendamiento de fincas de la Universidad de Panamá (UP) en Tocumen –efectuados en la administración del rector Gustavo García de Paredes– habrían causado una posible lesión al Estado e indican que “es necesario” su revisión.
Se trata de tres auditorías en las que se analizaron los contratos de alquiler de tierras de la UP, situadas a corta distancia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuyos arrendatarios son Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. –que construyó el centro logístico Parque Sur en fincas que suman 42 hectáreas–; el Consorcio Pacífico Atlántico, S.A. –que edificó un hotel y el Global Business Terminal en otras 21 hectáreas– y Corporación Westminster, que opera un centro de distribución en una finca de 2.8 hectáreas, en la que se alquiló también un hangar existente.
Tal como lo señaló La Prensa en una investigación periodística, la auditoría expone que, por la falta de los avalúos pertinentes en los contratos, “los precios [de alquiler] se pactaron a discreción”.
Las auditorías revelan que los arrendatarios obtuvieron beneficios como periodos de gracia, descuentos de hasta el 70% de la inversión y que obtuvieron títulos constitutivos de dominio (ver nota relacionada) por mejoras en fincas ajenas que fueron inscritas en el Registro Público, “condiciones estas que limitan” cuantificar el monto del posible perjuicio causado al Estado.
Se “evidencia que la Universidad de Panamá celebró un contrato de arrendamiento, cuando la naturaleza del mismo corresponde a una concesión administrativa, ya que a través del objeto del contrato y las adendas, se permitió que el arrendatario constituyese el título de dominio sobre terrenos de la UP. Por lo tanto, es necesario que se emprendan las acciones correspondientes sobre la condición del contrato de arrendamiento, habida cuenta de que se encuentra vigente, lo que permite realizar las modificaciones o ajustes que sean pertinentes”, indican los tres informes de auditorías.
Irregularidades
El contrato de arrendamiento de Parque Sur nació de una subasta de 18 hectáreas, pero, mediante adendas, se le sumaron otros dos lotes y finalmente la UP entregó en alquiler 42 hectáreas que colindan con el corredor Sur, por un monto de 5 centavos el metro cuadrado o $16 mil 965 mensuales.
De esa extensión, 9.2 hectáreas no pagan arrendamiento, debido a que la UP las cedió en calidad de servidumbre, pero en los estudios ambientales presentados por Parque Sur al Ministerio de Ambiente, y que analizó este diario, no se contemplaron. En este sentido, la Contraloría indicó que “no se evidencian los documentos que justifiquen lo pactado”.
También señalan que la UP falló en establecer que para renovar los contratos de alquiler por un segundo periodo de 20 años, el canon sería el mismo que durante el año 20, sin contemplar que debían efectuarse otros avalúos; y que condicionó los bienes del Estado porque las cláusulas contractuales permiten que el arrendatario venda las mejoras a terceros. Es decir, que celebren contratos de compra y venta sobre las mejoras.
Advierten que el hecho de que la UP reconozca parte de las inversiones que hagan los arrendatarios –mediante la rebaja del canon de alquiler de las fincas– va en detrimento del Estado, porque “indirectamente contribuye con la inversión de la empresa, situación contraria a los principios de economía y transparencia que deben estar presentes en todo acto público”.
Por otro lado, la UP recibe 18 centavos por metro cuadrado del Consorcio Pacífico Atlántico ($38 mil 190 al mes) por el arrendamiento de tres lotes que según la auditoría suman 21 hectáreas, durante 20 años prorrogables. Ahí opera el hotel Crown Plaza, el centro de negocios y se construirá también una plaza comercial.
La auditoría indica que la adenda que autoriza la prórroga adicional en este contrato por un segundo periodo de 20 años “no era viable”, pues no se evidencian los respectivos avalúos actualizados y no se había vencido el plazo original. Además, la Ley de Contrataciones Públicas establece que el Estado puede dar contratos por un máximo de 20 años y que el contratista debe solicitar la prórroga, pero con esta adenda, “no hará falta” que el arrendatario la pida.
Esta adenda y el reconocimiento de parte de la inversión al consorcio va en detrimento del Estado y nuevamente la UP condicionó los bienes estatales, ya que le permite a la arrendataria celebrar contratos de hipoteca sobre las mejoras; es decir, terceros que celebran contratos de compra y venta sobre las mejoras.
Añaden que, aunque el contrato establece que las mejoras le quedarán a la UP, “estas pertenecen a terceros”, porque así fueron inscritas en el Registro Público con el título constitutivo de dominio, una condición “desventajosa” para los intereses de la Universidad, porque “los edificios tendrían más de 30 años de uso; es decir, con un alto porcentaje de depreciación y [con] el arrendatario como dueño de las edificaciones, cuando culminen los términos de vigencia del contrato”.
Estos arrendamientos violaron la Ley 22 de Contrataciones Públicas, indican los auditores, pues la UP les dio un periodo de gracia de más de 12 meses para efectuar el pago, cuando la ley establece que serán exigibles al momento de la formalización del contrato. También que, al establecer los incrementos de las anualidades –de máximo 2% durante los 20 años prorrogables– se calculó“a discreción” ya que tampoco se evidencian los avalúos.
Como resultado, se advierte que en ninguno de los contratos mencionados se cumplió con la ley orgánica de la casa de Méndez Pereira, que indica: “El patrimonio universitario no podrá ser enajenado o cedido, sin que la Universidad reciba íntegramente el correspondiente valor económico”.
“Las desventajas de estos contratos se evidencian en las diversas sentencias en las que se le reconoce el título constitutivo de dominio”, concluyen las auditorías que mencionan al rector Gustavo García de Paredes, y a su director de Asesoría Jurídica, Vicente Archibold, así como al anterior director de Asesoría Legal, Virgilio Vásquez Pinto, como a los empresarios que celebraron los contratos.
PIDEN MEDIDA CAUTELAR
En medio de estas investigaciones, el catedrático Miguel Antonio Bernal, quien denunció irregularidades en el patrimonio universitario, interpuso ante el Ministerio Público un petición para prohibirle la salida del país a García de Paredes.
La Prensa trató de contactar a García de Paredes a través de su celular y a su correo electrónico, así como a Relaciones Públicas, pero no hubo respuesta.
En tanto, Vicente Archibold dijo que “ninguno de esos contratos beneficiaba a la UP; se hacían porque había un interés muy marcado del rector de que se hiciesen”.
Archibold aseguró que en su periodo como asesor jurídico (2003-2013) funcionó un Departamento de Asesoría Legal paralelo, creado por García de Paredes, en el que se redactaban los contratos, y que él en múltiples ocasiones advirtió su oposición a estos, lo que generó“enfrentamientos” con el rector que terminaron en su salida de la UP.
A su vez, Vásquez Pinto, dijo no recordar el contrato del hangar en Tocumen de 1997, cuyos documentos admitió haber preparado, pero que la idea del rector era proteger esos terrenos de los precaristas y darles uso. Añadió que todo fue aprobado en su momento por la Contraloría.
