Las altas cortes de Colombia denunciaron ayer martes “presiones” de Estados Unidos que buscan influir en sus fallos, días después de que ese gobierno retirara la visa de tres magistrados que llevan casos de extradiciones, aspersiones aéreas con glifosato y el acuerdo de paz con las FARC.
“Es un tema que inquieta, la existencia de un contexto de presiones y (...) de preocupaciones por la imparcialidad de los jueces”, dijo en rueda de prensa Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la carta magna.
Jueces de la Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abogaron conjuntamente por la “independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales como institucionales”, tras la revocatoria de los documentos migratorios a sus colegas que ha generado un revuelo político en Colombia.
“Consideramos que estos momentos de justicia de transición, (...) de cambio y de ajustes son momentos que buscan presionar”, agregó Ortiz.
A la declaración no se sumó la Corte Suprema de Justicia, encargada de avalar las extradiciones de colombianos a otros países.
Aunque el presidente de ese tribunal, Álvaro García, criticó el viernes las supuestas presiones. “Veo muy grave que estemos tomando medidas contra los jueces, máximo si provienen de una nación cuna de la democracia”, dijo a la emisora La FM.
La denuncia de los altos tribunales se da después de que la revista Semana revelara el viernes que Estados Unidos revocó las visas de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño, y dos de la Constitucional, Diana Fajardo y Antonio Lizarazo.
Patiño habría negado la extradición de un indígena solicitado por Estados Unidos por narcotráfico, argumentando que ya había sido juzgado por la justicia aborigen.
En tanto que Lizarazo fue el ponente de la ley que reglamenta la JEP, la justicia surgida del acuerdo de paz con las FARC para juzgar los mayores crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado.
Apartados de la normativa han sido criticados por el embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, por considerar que pone trabas a la extradición de excombatientes que reincidan en delitos.
Estados Unidos ha dicho que espera que se autorice el envío del líder rebelde Jesús Santrich, detenido por supuestamente traficar drogas a Estados Unidos tras firmar la paz. La JEP tiene en suspenso la extradición porque estima no haber recibido suficientes pruebas.
Además, Lizarazo y Fajardo hacen seguimiento a un fallo del tribunal que suspendió las aspersiones aéreas de narcocultivos con glifosato en 2015.