Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay se distribuyeron los 27 asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios documentados en 2015, y cuyas motivaciones podrían estar ligadas al ejercicio de la profesión, ya que la mayoría de estos profesionales cubría el accionar del crimen organizado y hechos de corrupción política, o eran voces importantes de sus comunidades.
Así quedó consignado en el 17 informe presentado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Resulta alarmante que por tercer año consecutivo se haya incrementado este método horrendo de acallar voces en el continente”, dice el informe, al precisar que en 2014 hubo 25 homicidios y en 2013, 18.
El relator, Edison Lanza, destaca que en algunos de los Estados persiste la presentación de denuncias penales por parte de funcionarios o candidatos de elección por la publicación de opiniones o noticias de hechos que son de interés público. Citan el caso de Chile, donde dos directores del periódico El Ciudadano fueron condenados por supuestas injurias a un exdiputado; el de Ecuador, donde un adolescente fue detenido y condenado a realizar trabajos comunitarios por haberle hecho “varias veces un gesto obsceno e insultante” al presidente Rafael Correa; y el de Venezuela, donde el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una demanda contra los diarios Tal Cual, La Patilla y El Nacional y sus directivos, por difamación, por haber reproducido una información publicada por el diario español ABC que lo ligaba con un cartel de narcotráfico que operaba en la estructura militar del Estado.
Sobre Ecuador, el reporte vuelve a apuntar a Ley Orgánica de Comunicación. “Resulta de especial preocupación las sanciones desproporcionadas que aplica un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al gobierno... e imponer una visión y discurso oficial a medios...”.
Las declaraciones estigmatizantes fueron otra herramienta utilizada para desvirtuar la labor de los periodistas en Argentina, Ecuador, Venezuela y Guatemala.
Se advierte también de la necesidad de proteger a los periodistas que cubren protestas sociales, ya que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos se registró el uso desproporcionado de la fuerza y hubo denuncias de destrucción o confiscación de equipos, y de periodistas lesionados o detenidos.
Entre los avances que reconoce la Relatoría están la condena en Colombia del exparlamentario Ferney Tapasco como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra en 2002; y la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México.