La procuradora de la Nación, Ana Belfon, informó ayer que desde el pasado jueves se inició la investigación solicitada por la Asamblea Nacional referente a las actuaciones de la contralora, Gioconda Torres de Bianchini.
Belfon explicó que se giraron órdenes para asignar con documentos la competencia de ese expediente a la Procuraduría de la Nación, debido a que las investigaciones contra Torres de Bianchini se rigen bajo el sistema penal acusatorio.
Por esa razón, actuará como juez de garantías un magistrado designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Belfon debe pedir en una audiencia la autorización para formular la imputación (inicio formal de la investigación) ante ese juez de garantías.
El pasado 27 de agosto, el pleno legislativo aprobó una resolución en la que pide a la CSJ que investigue si la contralora incurrió en algún delito contra la administración pública, que derive en su remoción o suspensión del cargo. Como pruebas incluyeron las actas del 19 y 20 de agosto, días en que la funcionaria rindió cuentas a la Asamblea.
El pasado martes la Secretaría General de la CSJ recibió esa solicitud, y la remitió al Ministerio Público.
Según Belfon, el paso a aseguir es “investigar si de lo actuado se genera algún tipo de delito o de delitos”.