La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) abrió una investigación de oficio por “posibles faltas a la ética”, luego de que la directora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Mery Troya del Cid, solicitara una concesión de 107 hectáreas en el Refugio de Vida Silvestre de Isla de Cañas, en Tonosí, provincia de Los Santos.
Angélica Maytín, directora de Antai, subrayó que remitirán notas tanto al Ministerio de Gobierno como al Ministerio de Ambiente, responsable de otorgar la concesión, para tener mayores elementos que permitan confirmar si efectivamente se violó el Código de Ética.
“En esta investigación, a la Antai, en función de fiscalizadora del cumplimiento del Código de Ética, le compete examinar si dicha actuación podría resultar en un conflicto de interés u otro tipo de falta administrativa”, acotó Maytín.
Troya del Cid informó ayer que presentó su renuncia a la presidencia de Los Mosqueteros de Cañas S.A., la cual hizo la petición de concesión para el desarrollo turístico en la reserva.
PROCURADOR HACE LLAMADO AL MINISTERIO DE AMBIENTE
Bajo la lupa está la solicitud de concesión de 107 hectáreas dentro del Refugio de Vida Silvestre de Isla de Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, para un desarrollo turístico por parte de una sociedad anónima que preside una funcionaria del Ministerio de Gobierno.
Las reacciones surgieron de entidades como la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), hasta organizaciones ecológicas como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Incluso, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, también emitió su opinión.
Rigoberto González, procurador de la Administración, hizo un llamado al Ministerio de Ambiente por el “posible daño” que se pudiera causar al área protegida con este proyecto. “Aquí no se trata de hacer una simple consulta, sino la dimensión de lo que eso implica y las afectaciones que podrían ser irreversibles para este refugio silvestre”, manifestó.
Para González, las autoridades responsables de tomar una decisión sobre esa propuesta de 36 cabañas deben tomar en cuenta los intereses generales, ya que por alguna razón esa zona natural tiene una categoría especial de área protegida.
Por otra parte, el procurador de la Administración dijo que “llama la atención” que una funcionaria sea la que promueva el proyecto.
De hecho, Mery Troya del Cid, actual directora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, fue quien solicitó la concesión al Ministerio de Ambiente a través de la sociedad Los Mosqueteros de Cañas, S.A., que preside.
“Hay que tener presente el Código de Ética, el cual dice que debemos evitar acciones que empañen la imagen de las instituciones”, aportó.
A su vez, comentó que desde que ocupa ese cargo, en más de una ocasión, junto con la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ha tratado la nulidad de varias resoluciones del Ministerio de Ambiente que de una u otra manera dejan “desprotegida” la preservación del medio ambiente.
“Estamos pasando por alto ese celo que debemos tener como funcionarios en el cumplimiento de nuestras funciones”, resaltó.
LA INVESTIGACIÓN
Al respecto, Angélica Maytín, directora de la Antai, informó ayer que luego de leer la noticia que involucra a una funcionaria del Ministerio de Gobierno en una solicitud de concesión de 107 hectáreas dentro de un área protegida, la entidad abrió de oficio una investigación.
Maytín precisó que les compete examinar si dicha actuación podría resultar en un conflicto de interés u otro tipo de falta administrativa. “Lo examinado se comunica a la autoridad pertinente y se solicitaría iniciar procedimiento administrativo, si procede, para que se valore qué tipo de sanción cabe; de confirmarse que se incurrió en alguna falta”, explicó.
Sobre la polémica, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que había sido informado que la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno renunciaría a la sociedad anónima que pidió la concesión.
“Lo lógico es que ella se separe de esa organización para que en ningún momento se interprete que está usando el cargo para pedir la concesión”, puntualizó.
Esa información fue confirmada por la propia funcionaria del Ministerio de Gobierno. “Efectivamente, presenté mi renuncia a la sociedad por un tema de transparencia”, dijo Mery Troya del Cid, quien agregó que no hablaría más del proyecto.
No obstante, Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, calificó como “desacertadas” las declaraciones de Varela, porque lo que se discute es la investidura de una funcionaria solicitando una concesión en una reserva.
Finalmente, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, al referirse al tema manifestó lo siguiente: “descansa en la seguridad de que si encontramos algo ilegal, según la normativa vigente, no lo aprobaremos (la concesión en la reserva)”.
(Con información de Urania Cecilia Molina).