A partir del próximo 16 de junio, la Secretaría Nacional de Descentralización iniciará el proceso de divulgación de la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que instituye a los jueces de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.
Narciso Machuca, subsecretario de Descentralización, señaló que esta jornada se llevará a cabo exclusivamente en el Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Colón, Darién y Panamá Oeste, y las comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan, en donde a partir del 2 de enero de 2018 empezará a funcionar la justicia de paz y se sustituirá la figura de las corregidurías.
Machuca subrayó que todas las personas están invitadas a participar, y que para ello solo deben estar atentas a la convocatoria que se haga desde cada municipio.
La información será divulgada por un equipo interinstitucional conformado por personal de la Procuraduría de la Administración, Procuraduría General de la Nación, Escuela Judicial del Órgano Judicial (ahora Instituto Superior de la Judicatura de Panamá “Dr. César A. Quintero Correa”), Dirección Nacional de Métodos Alternos del Órgano Judicial, Universidad de Panamá y el Instituto Nacional de la Mujer.
ATRASO
Aunque se tenía previsto que la normativa entrara en vigencia al inicio de este mes, la falta de presupuesto, capacitación del personal y organización del nuevo sistema obligó a que se postergara por seis meses más.
Al respecto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que fue positivo aplazar la regulación, ya que es necesario preparar el terreno de forma correcta.
Añadió que la sensibilización de los funcionarios actuales es “buena”, porque ayudará a que el proceso sea acogido sin resistencia.
Lee estimó que el éxito de esta nueva normativa dependerá de la participación ciudadana, razón por la cual exhortó a la población a integrarse de forma “activa” en este nuevo proceso de transformación y consulta.
Por otro lado, la Secretaría de Descentralización informó que en el mes de agosto se realizarán los cursos para aquellos interesados en ser jueces de paz.
Esta ley implica que en cada corregimiento funcionará una “Casa de justicia comunitaria”, que contará con el siguiente personal: un juez de paz, un secretario que lo reemplazará en sus ausencias, un mediador comunitario, un oficinista y cualquier otro personal que requiera el despacho, según el corregimiento.