La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional decidió no admitir y archivar el expediente 214, en el que fueron denunciados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en relación con el pago de viáticos y viajes realizados al exterior entre los años 2014 y 2015.
La denuncia fue presentada el 26 de enero pasado por Carlos Lee y Rafael Candanedo, en representación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Los diputados de la Comisión de Credenciales basaron su decisión de archivar el expediente en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, según el cual no se causó perjuicio económico al Estado por los pagos efectuados a los tres magistrados denunciados en concepto de viáticos nacionales y extranjeros durante los años 2014 y 2015.
El informe de auditoría destaca que, además, quedó claro que no se dieron pagos simultáneos en concepto de los viajes de los magistrados que motivaron la denuncia y tampoco se evidencia la existencia de dualidad de pagos.
La CSJ ha desembolsado casi un millón de dólares en los viajes de funcionarios judiciales y administrativos en un período de dos años. Así consta en una nota enviada por la misma CSJ en la que se precisa que en los años 2014 y 2015 se gastaron $995 mil 731.84 en estos menesteres.
La auditoría de la Contraloría fue solicitada el 22 de enero pasado por el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, mediante nota N°P.C.S.J.188-2016.
Los comisionados presentes en la sesión, Jorge Alberto Rosas (presidente), Rony Araúz, José Muñoz, Luis Eduardo Quirós, Crescencia Prado, Elías Castillo, Rosa Canto y Santiago Tejada, este último suplente del diputado Adolfo Valderrama, concluyeron que, en virtud del informe de la Contraloría, “no existen elementos que acrediten las imputaciones formuladas en contra de los magistrados señalados por los supuestos delitos contra la administración pública”.
La Contraloría elabora otra auditoría relacionada con los viajes nacionales e internacionales efectuados por el resto de los magistrados de la CSJ.
REACCIONES
Carlos Lee, uno de los denunciantes en este proceso, cuestionó el informe de la Contraloría, pues a su juicio concluye, de manera muy breve, que no se causó perjuicio económico al Estado panameño, y no explica si los viajes estaban en el presupuesto de la institución, si fueron el resultado del traslado de partidas y a cuánto ascienden las sumas gastadas en los periplos.
En una carta remitida al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, el pasado 27 de septiembre, Lee solicitó a la Asamblea investigar la suma que realmente gastaron los magistrados en viajes al extranjero durante los años 2014 y 2015, y si los mismos están relacionados con alguna forma de peculado o de malversación de fondos públicos.
“La decisión sobre si se investiga o no a los magistrados de la Corte no es competencia del contralor, sino de los diputados, por lo que le corresponde a la Asamblea Nacional tomar esa decisión”, indicó.
REGULACIÓN PENDIENTE
Entretanto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente la discusión y aprobación de una reglamentación inherente a los viajes de los magistrados.
Harry Díaz, miembro del pleno, ha propuesto, entre otras medidas, que los magistrados anuncien con 15 días de anticipación sus viajes al extranjero y que estos sean aprobados por el pleno de la Corte. Además, que los magistrados rindan informes sobre los beneficios que logrará el Órgano Judicial con dicho gasto.
También propuso limitar que cada magistrado viaje cinco veces en un período de un año, con una ausencia máxima de 21 días.
RATIFICACIÓN
Por otra parte, la Comisión de Credenciales recomendó ayer al pleno legislativo la ratificación de Asunción María Alonso Mojica como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia. El pleno aún no ha tratado la ratificación.
Alonso Mojica será la suplente del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.
La funcionaria, quien tiene 25 años de servicio en el Órgano Judicial, sostuvo que todos estos años ha trabajado con responsabilidad y tratando de que “se administre justicia de la mejor manera posible”, y que en esa misma dirección seguirá ejerciendo su labor desde esta nueva posición.
Alonso Mojica reemplaza a Gabriel Fernández, quien murió en diciembre pasado. Ella completará el periodo para el que Fernández fue nombrado como suplente del magistrado José Ayú Prado, que empezó en enero de 2013 y terminará en enero de 2023.