El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo unánime, archivó de manera definitiva una investigación sobre irregularidades en la compra de 19 radares por $125 millones.
La pesquisa se inició luego de una denuncia contra el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por supuestas irregularidades en la compra hecha a la empresa italiana Selex Sistemi Integrati, filial del conglomerado Finmeccanica.
La denuncia, interpuesta el 20 de diciembre de 2011 por Oreste del Río, dirigente del Partido Popular (PP), pedía que se investigara a Mulino y a los que resultaran responsables por delitos contra la administración pública, por el supuesto pago de sobornos en estos contratos.
El fallo tuvo como ponente al magistrado suplente Gabriel Fernández y fue dictado el 22 de octubre pasado. De este modo, el pleno de la CSJ acogió la petición que hizo el 2 de febrero de 2012, el entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado, actual magistrado de la Corte, quien solicitó sobreseimiento definitivo del caso.
La petición de Ayú Prado se basó en que la Contraloría General de la República y los ministerios de Seguridad y de Economía y Finanzas informaron que no pagaron dinero a la empresa Agafia Corp., vinculada con el italiano Valter Lavítola, para la compra de los radares.
Este expediente fue asignado inicialmente al entonces magistrado Aníbal Salas, a quien Ayú Prado reemplazó en enero de 2013.
Ayú Prado se declaró impedido y por tal motivo su suplente, Gabriel Fernández, asumió el proceso.
Al respecto, Del Río dijo que tenía la esperanza de que la CSJ asumiera su rol y se investigara en debida forma el caso, pero no resultó así.
Explicó que en Italia las investigaciones que se siguen contra Finmeccanica han trascendido a nivel internacional y el Gobierno panameño ha sido señalado por tráfico de influencias y corrupción. “De haber nuevas pruebas, esta denuncia puede volver a presentarse ”, indicó.