Luego de que 11 fiscales y procuradores generales de distintos países suscribieran el pasado jueves, en Brasilia, un acuerdo de cooperación para los casos de corrupción de Odebrecht y Lava Jato, representantes de la sociedad civil panameña consideraron que una alianza de este tipo ayudaría a esclarecer los hechos mediante el intercambio de información.
De acuerdo con el criterio de Annette Planells, dirigente del Movimiento Independiente (Movin), fue “correcto” que se diera este tipo de acercamiento multinacional. “Esto permite comparar los avances en cada país y creo que salimos perdiendo, pero es un indicativo de que hay que ser más efectivos en el combate en perseguir estos delitos”, dijo.
Planells hizo la salvedad de que se debe garantizar que no exista confidencialidad en acuerdos como este.
El excontralor panameño, Carlos Vallarino, coincidió con la dirigente del Movin y opinó que “articularse internacionalmente para enfrentar el daño a nivel global es la ruta que hay que seguir”.
“Fueron delitos internacionales cometidos no solo por Odebrecht (…) también fueron firmas de abogados y bancos. Solo se ha mencionado al consorcio brasileño y funcionarios, pero se tiene que tomar en cuenta a todos esos abogados que patrocinaron y facilitaron la creación de cuentas offshore”, agregó.
Vallarino también explicó que después de que la Procuraduría de la Nación tenga sus propias evidencias de lo que sucedió en el país y de que se establezca realmente cuánto fue la lesión patrimonial, esta podrá cautelar cuentas no solo de Odebrecht, sino de otras personas involucradas.
Entretanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, indicó que lo que se fijó en la reunión es definitivamente lo que la ciudadanía exige. “Esto va en la línea de lo que se quiere. Debemos procurar que no solo se recuperen los pagos, sino que también se castigue y que sirva de escarmiento para que en un futuro no quede la posibilidad de robar”, acotó.
Durante la reunión, los fiscales insistieron en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país.
Mientras, Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que para combatir los actos de criminalidad de conocimiento público necesitan un esfuerzo conjunto internacional.
A su juicio, el hecho de que estas autoridades se hayan reunido representa “un gran compromiso”.
Además, acotó que el acuerdo obligará a los fiscales a agilizar los procesos para descubrir quiénes incurrieron a actos de corrupción.
