El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley 581, que regula los servicios de sangre y transfusiones sanguíneas.
La propuesta, presentada en octubre del año pasado por el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Miguel Mayo, busca crear un Hemocentro Nacional para encargarse de centralizar todo lo relacionado con los bancos de sangre.
El artículo 14 de dicha iniciativa legislativa señala que el Hemocentro Nacional será una entidad única adscrita al Minsa, responsable del procesamiento y distribución de hemocomponentes en todo el territorio nacional, así como de la captación de donantes.
De igual manera, el proyecto establece que se derogará la Ley 17 del 31 de julio de 1986, que reglamenta los bancos de sangre.
Arinda Alemán, coordinadora del programa de sangre del Minsa, quien estuvo presente en el pleno de la Asamblea durante el debate del proyecto, señaló que este es positivo, ya que la citada ley data de hace 32 años y se requiere una actualización para hacer más eficaz y de calidad el servicio de suministro de sangre.
A juicio de Alemán, la tecnología médica siempre se actualiza y por ello se requiere una nueva norma para beneficio de los pacientes y de la población panameña.
En el debate, los diputados aprobaron modificar el artículo 61 del proyecto, el cual establece que la norma será reglamentada por el Minsa.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez, el panameñista José Luis Castillo y el diputado perredista Crispiano Adames propusieron que la reglamentación se hiciera en 120 días.
El patronato
El Órgano Legislativo también aprobó la propuesta de ley 539, que establece la creación del Patronato del Hemocentro Nacional.
Con esta propuesta, se busca elevar los niveles de calidad y garantizar la disponibilidad de sangre en el país. Asimismo, tener una administración más eficiente que agilice los trámites para la creación del hemocentro, incluyendo lo relacionado con su financiamiento.
El Patronato del Hemocentro Nacional estará integrado por representantes del Minsa, la Caja de Seguro Social, Fundacáncer, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y de varias organizaciones no gubernamentales.
La propuesta también establece la creación de un fondo de autogestión, que será administrado por el patronato.