El pleno de la Asamblea Nacional acogió ayer el veto parcial del Ejecutivo y aprobó en segundo debate el proyecto de ley 659, por cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2019, que asciende a $23 mil 669 millones.
El aval del pleno legislativo se concretó después de las recomendaciones que hicieron las comisiones de Gobierno y Presupuesto de la Asamblea de acoger las sugerencias del Ejecutivo.
En la sesión, que demoró cerca de una hora, fueron presentadas dos modificaciones para incluir el artículo 338, que modifica el control previo; y el 344, que exceptúa de la aplicación de la ley de contrataciones públicas a varias instituciones para la adquisición de servicios e insumos, cuando el monto sea inferior a un millón de dólares, como lo propuso el Ejecutivo.
En un principio, las comisiones de Gobierno y Presupuesto habían planteado la eliminación de dichos artículos. No obstante, diputados panameñistas, entre ellos, Jorge Iván Arrocha, José Antonio Domínguez y José Luis Castillo, insistieron en que ambos artículos debían incluirse en el proyecto, pero con la redacción que había propuesto el Ejecutivo.
En ese sentido, la propuesta fue aprobada a golpe de curul por los cerca de 36 diputados que se encontraban en el pleno.
El artículo 344 quedó así: “Las empresas Metro de Panamá, S.A. y sus subsidiarias, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, Tocumen S.A., y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, quedarán exceptuadas de la aplicación de la ley de contrataciones públicas...”.
Es decir, que se deja fuera de estas excepciones a las federaciones deportivas y a la Caja de Seguro Social, incluidas en un principio.
Mientras, el artículo 338, inherente al control previo, señala, entre otras cosas, que este “se aplicará en los contratos y actos públicos de conformidad con la legislación correspondiente”.
El veto del presidente Juan Carlos Varela se conoció el pasado 13 de noviembre, tras considerar que la redacción de los artículos en mención, hecha por los diputados, vulneraría las facultades de control y fiscalización de fondos públicos que ejerce actualmente la Contraloría General de la República.
La inclusión de las federaciones deportivas entre las entidades exceptuadas de la Ley 22 de 2006 –sobre contrataciones públicas– surgió días después de que este diario revelara supuestas irregularidades en transferencias millonarias que Pandeportes hizo a federaciones y organizaciones deportivas controladas por diputados.
