La Asamblea Nacional contestó el habeas data concedido por la Corte Suprema de Justicia respecto a los contratos de servicios profesionales indicando que no se cuenta con la información y reiteró que se trata de información “confidencial”.
El Órgano Legislativo no facilitó un solo nombre del personal contratado por servicios profesionales y su monto individual, ni tampoco sus funciones, tal como lo solicitó este diario.
Ábrego solo proporcionó información estadística del total del personal contratado entre julio de 2014 a marzo de 2017: 17 mil 874 personas. Y las personas pudieron ser contratadas en más de una ocasión.
La respuesta difiere de la del Órgano Legislativo en septiembre, en la que aseguró que la institución sí contaba con la información requerida por el medio, pero físicamente (documentos de contratos) y exigió reformular la solicitud, tal como se hizo, pero no ha sido entregada.
CONTRATOS, UN TEMA TABÚ
Ayer, la Asamblea Nacional se mantuvo firme. No entregó a La Prensa información de carácter público, tal como se lo ordenó, en reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia.
Yanibel Ábrego, presidenta del Órgano Legislativo, envió números: 17 mil 874 personas contratadas por servicios profesionales en los últimos tres años, pero ni una palabra de lo que le pidió este medio, pese a que la Corte le ordenó entregarlo.
Descargue aquí la respuesta de la Asamblea ante el habeas data.
La Prensa claramente le solicitó el nombre y cédula de los beneficiarios, el monto de cada contrato, el total pagado y por pagarse, así como los cargos o funciones de los que fueron contratados.
Descargue aquí el fallo que concedió el habeas data.
Una investigación de este medio reveló el año pasado que se gestionaron unos 17 mil contratos que sumaron $68 millones. Buena parte de estos contratos no se trabajaron y algunos se tramitaron para familiares de diputados y personal de sus oenegés.
Este desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es “el peor ejemplo para la transparencia y un atentado contra la dignidad nacional que representa la Asamblea. Afecta los principios de la democracia y libertad de un país”, opinó el abogado Luis De León Arias, presidente de la Asociación Nacional de Juristas de Panamá.
La diputada Ana Matilde Gómez lamentó que fuera la CSJ la que le ordenara a la Asamblea responder, cuando esta información debió entregarse sin necesidad del fallo. “Uno de los pilares de la democracia es que lo público sea público. Nunca entendí la razón para negarlo”, dijo Gómez.
El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, exhortó a todos los funcionarios a cumplir su deber y “garantizar el acceso a información pública, como lo es la contratación de funcionarios”. No obstante, recordó que la Defensoría no tiene poder coercitivo.
La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, dijo que le solicitará a Ábrego publicar los contratos en la web de la institución.
Reiteró que no le compete a la Antai sancionar, porque “nuestro ámbito de acción es el gobierno central, instituciones autónomas y semiautónomas, municipios, juntas comunales y empresas públicas y mixtas”, y en este caso de desacato, debe tomar cartas el tribunal que concedió el habeas data.