Venezuela, que atraviesa una aguda crisis económica, se encuentra bajo estado de excepción, una figura que otorga al gobierno del presidente Nicolás Maduro amplios poderes sobre la producción de bienes y sobre la seguridad.
Pero el decreto que declaró el estado de excepción fue rechazado ayer por el Parlamento, donde la oposición es mayoría, y se espera que sea ahora el Tribunal Supremo de Justicia la instancia que dirima sobre su validez.
La oposición ha convocado manifestaciones para hoy miércoles en las principales ciudades del país para exigir que se acelere la convocatoria a un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
El decreto concede poderes especiales a los militares y otras fuerzas de seguridad, incluso a grupos civiles, para mantener el orden interno y defender al país de agresiones externas.
También permite tomar el control de las fuentes de bienes primarios y de energía para enfrentar la escasez, lo que abre la puerta a la expropiación de empresas de alimentos.
El estado de emergencia tiene vigencia por 60 días, hasta el próximo 14 de julio, y puede ser renovado por igual periodo.
Según el presidente, el estado de excepción puede durar hasta 2017. Para el sábado ordenó realizar ejercicios militares.
La oposición venezolana organizó la semana pasada movilizaciones similares a las que están convocadas hoy. Pero los manifestantes no pudieron llegar al punto de destino -las sedes del Consejo Nacional Electoral en cada ciudad- debido a barreras de policías que impidieron su paso, en muchos casos con gases lacrimógenos.
Esta vez hay más tensión, debido al estado de excepción. Aunque Venezuela atravesó en 2014 por varios meses de protestas cotidianas que causaron 43 muertes, desde entonces no ha habido nuevos choques en las calles.
El dirigente opositor Henrique Capriles llamó ayer a desconocer el decreto y emplazó a la Fuerza Armada diciéndole que deberá escoger entre ser leal a la Constitución o a Maduro.