En medio del escándalo relacionado con el mal uso de millonarios fondos públicos que otorgó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a distintas asociaciones deportivas, la Contraloría General de la República tomó medidas al respecto.
Mediante una resolución, el contralor Federico Humbert dictaminó la obligación de federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas de rendir cuentas respecto a los fondos o bienes públicos aportados por Pandeportes.
De esta manera, las distintas organizaciones deportivas que reciban fondos o bienes públicos deberán presentar un informe de rendición de cuentas a la Contraloría, a más tardar 15 días calendario después de la fecha en que se recibieron los recursos.
Dicho informe debe tener una relación detallada de los gastos incurridos, los beneficiarios de los pagos realizados, quienes deben estar identificados mediante su Registro Único de Contribuyente y Dígito Verificador de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o número de cédula en caso de particulares.
Además, la Contraloría podrá solicitar el envío de los comprobantes respectivos cuando lo considere necesario.
Según el documento publicado en Gaceta Oficial ayer, la medida es necesaria para reforzar el mecanismo de control interno actual, implementando normas de control externo facultadas en la Constitución y la Ley de la Contraloría.
Pandeportes, en la mira
Una serie de reportajes de este diario, producto de una investigación periodística, reveló que casi el 90% de los subsidios que otorgó Pandeportes entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de mayo de 2017 beneficiaron a organizaciones deportivas en cuyas directivas figuran diputados o personas que tienen relación con ellos.
En respuesta al escándalo, Contraloría efectuó una auditoría a Pandeportes que dejó como saldo el hallazgo de varias irregularidades.
En el informe entregado al Ministerio Público a mediados de noviembre pasado, se reveló que el Departamento de Auditoría Interna de Pandeportes incurrió en la omisión de revisar y exigir los informes requeridos a toda persona natural o jurídica, ligas deportivas provinciales, federaciones y organizaciones deportivas que recibieron fondos públicos, con el fin de justificar el uso de los recursos del Estado.
En el informe, el contralor general Federico Humbert, explicó que “en esta primera fase de la auditoría se identificaron hallazgos que nos indican que más de 9 millones de dólares no fueron sustentados, equivalentes a casi 100 desembolsos, razón suficiente que nos obliga a realizar una auditoría exhaustiva para corroborar el uso y manejo correcto de estos fondos públicos”.