La audiencia de impugnación promovida por la perredista Athenas Athanasiadis en contra de Manolo Ruiz, en la que se disputa la curul del circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca), en Chiriquí, estuvo marcada por crispadas objeciones entre los contendientes. Dudas de la veracidad de los testigos, tacha de las causales para impugnar y el cuestionamiento de una auditoría del Tribunal Electoral (TE), fueron los ejes de la discusión.
Ruiz fue acusado por Athanasiadis “de manejar a través del municipio de Boquete más de $2 millones” en proselitismo, mientras fue alcalde de ese distrito. Ruiz fue postulado a diputado por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y por Cambio Democrático (CD).
La audiencia, que fue presidida por el magistrado del TE, Heriberto Araúz, inició con la ratificación de las declaraciones juradas de los testigos de los dos abogados de la parte actora, Armando Fuentes y Javier Ordinola.
Los testimonios vincularon a Ruiz como comprador de votos en efectivo y mediante la oferta y entrega de materiales de construcción, inclusive el 4 de mayo.
Los testigos de Ruiz lo negaron, aunque fueron descalificados por la parte impugnante, por haber sido funcionarios de la Alcaldía de Boquete.
El abogado de Ruiz, Silvio Guerra, replicó que los costes notariales de las declaraciones juradas de los testigos rivales, fueron pagados por Athanasiadis.
Mientras que Ordinola denunció la apertura de una cuenta bancaria en febrero de 2014 en la Alcaldía de Boquete, no sujeta a control previo de la Contraloría. Esta habría beneficiado a electores en Gualaca y Dolega. Alegó, además, que los fondos provenían del Ministerio de Economía y Finanzas.
Mientras que Athanasiadis señaló que “esa cuenta afectó a 1,792 electores”.
Auditoría DE LA DISCORDIA
Un informe del TE, basado en diligencias exhibitorias realizadas meses antes, reveló que 134 electores directos e indirectos, fueron beneficiados con recursos estatales, en cuya gestión habría participado Ruiz.
Ordinola calificó la lista de reducida. Un auditor del TE explicó que existían cheques con firmas o cédulas ilegibles, no computables.
Este argumento generó críticas de los apoderados de Athanasiadis. Adujeron que la investigación debió ser tan completa como la realizada en casos similares que tramita el TE.
El representante de la Fiscalía Electoral, Diego Velásquez, calificó este informe como “defectuoso e inconsistente” aunque fue de la opinión , al igual que Arturo González Baso y Abdiel Sagel, abogados del Molirena y del CD respectivamente, que la demanda no había sido probada. Mientras que Guerra alegó que la población electoral del 4–5 votó a conciencia, desestimando las causales invocadas.
Araúz se acogió a un plazo de 30 días para fallar.
