El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, ordenó una auditoría en las oficinas de apoyo a los magistrados que actúan como fiscales y jueces de garantías en procesos a diputados, entre estos los que se siguen al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
En una nota enviada a su homólogo Hernán De León, Ayú Prado propuso que la Sala Cuarta de Negocios Generales realice la auditoría y presente un informe al pleno de la CSJ y, de ser necesario, efectúe los ajustes que se requieran.
De acuerdo con el criterio de Ayú Prado, el monitoreo a la oficina de apoyo a los fiscales y jueces de garantías es necesario, debido a lo limitado de los recursos humanos y económicos con que cuenta el Órgano Judicial, el número de responsabilidades y obligaciones que debe cumplir y el interés de la ciudadanía en que se administre justicia y se aplique la Constitución y la ley.
A su juicio, esta labor de monitoreo se debe realizar, con miras a que el trabajo que desempeña la oficina sea optimizado, dado lo difícil de obtener recursos humanos y económicos adicionales.
La nota de Ayú Prado surge poco después de que el magistrado Abel Zamorano, quien sigue cinco procesos a diputados, entre ellos uno al exmandatario Ricardo Martinelli sobre supuestas irregularidades en el contrato adjudicado a Cobranzas del Istmo para el cobro de impuestos morosos, solicitara el nombramiento de dos funcionarios para realizar diligencias.
En una nota fechada el 24 de este mes, Zamorano pidió a Ayú Prado el nombramiento de dos funcionarios para la oficina, pero a la fecha no había recibido respuesta.
Según Zamorano, la situación de su despacho se vuelve crítica, debido a que varios funcionarios que laboran allí pasarán al sistema penal acusatorio.
Expuso que ante esta situación su despacho no puede ejercer sus funciones de investigación con la fluidez que reclama la sociedad en los casos de los diputados.