Las personas naturales o jurídicas beneficiadas con concesiones para la exploración o explotación mineral, deberán pagar 1% de impuesto de construcción directamente a los municipios donde se desarrollen estas obras. Así lo establece el proyecto de ley 571, que busca redistribuir las contribuciones que estas empresas efectúan al fisco.
La iniciativa, que fue presentada por la diputada de Cambio Democrático Dana Castañeda, recibió ayer el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional
El proyecto, que modificaría la Ley 3 de 1998 –que reformó el Código de Recursos Minerales– también señala que, de aprobarse el proyecto, los municipios percibirán el 20% de las regalías que, de acuerdo con el Código percibirán las personas naturales o jurídicas beneficiadas con la concesión para el desarrollo de esta actividad. Esta suma irá a los municipios para ser destinada a los programas sociales.
En la actualidad, según el Código, a los municipios solo les corresponde el 15% de los beneficios que perciba el Estado sobre esta actividad.