La movida de Gerardo Varela de la Dirección de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para implementar el convenio de aguas de lastre de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha puesto los ojos sobre una institución a la que no le han faltado sobresaltos en la actual administración.
Varela es el actual director de Puertos y a partir del 1 de enero de 2017 será el encargado de implementar un convenio, que aunque importante, es un trabajo con mucho menos jerarquía que su actual función.
Este diario envió preguntas a la AMP y solicitó entrevista con su administrador, Jorge Barakat, para conocer el porqué de esta movida y los detalles detrás del traslado, pero después de varios días de insistir con llamadas y correos electrónicos, este prefirió guardar silencio.
Barakat estuvo ayer en una reunión con representantes de agencias navieras a la que fueron invitados los medios. Y allí, sin tener cómo eludir a los periodistas, prefirió desvincularse de la situación, a pesar de que Gerardo Varela continúa siendo funcionario de la AMP y está bajo su mando y jurisdicción.
Dijo que dejaría todo en manos del Ministerio Público, al referirse a una denuncia que presentó el abogado Guillermo Cochez para que el Ministerio Público investigue a Gerardo Varela, por el presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de un familiar del presidente.
“La AMP siempre tiene las puertas abiertas para cooperar en cualquier investigación, porque yo creo en la rendición de cuentas, pero como abogado también creo en el debido proceso”, indicó Barakat, quien enfila sus palabras a la denuncia presentada por Cochez y no a las motivaciones del traslado de Gerardo Varela, precisamente en medio de una fuerte acusación, aunque anónima, que se regó como pólvora en las redes sociales y en la que se sugiere que las tenencias de Gerardo Varela son injustificables, al son de su cercanía con el poder político.
“Para tranquilidad propia, de la AMP, de Panamá y de su primo [el presidente de la República, Juan Carlos Varela], el director de Puertos debe salir a explicar las denuncias de supuesto enriquecimiento injustificado”, señaló el exsecretario de la institución Carlos Ernesto González De La Lastra.
“La Dirección de Puertos está involucrada en una de las actividades importantes del sector logístico, y si todos estos comentarios continúan va a haber una afectación seria en la institución”, advirtió De La Lastra, un defensor del sector marítimo panameño y de la estrategia marítima para impulsar el desarrollo del país. Se trata de un sector al que se le apuesta tras la ampliación del Canal de Panamá.
De La Lastra reconoció que este convenio obliga al país a tomar decisiones, incluso contratar asesores extranjeros para evitar contaminación con microorganismos de aguas de otros países que se transportan en el agua de lastre de los buques y se vierten en los mares panameños.
De allí que no debería ser un problema responder si los cambios en el organigrama de trabajo responden a una decisión evaluada desde hace tiempo o una medida coyuntural, previendo el aparente escándalo que estaba por venir.
Esta nueva denuncia sin esclarecer se suma a una lista de irregularidades que se han denunciado en la entidad bajo el mando de Jorge Barakat, como la tramitación fraudulenta de licencias de marinos, que coincidió con la renuncia del director de Gente de Mar de la AMP José Luis Aizprúa.
El caso por la supuesta expedición de licencias para marinos señalaba a una empresa de Samoa, que firmó un convenio bilateral con la Autoridad Marítima de Panamá, pero que según la propia entidad fue cancelado y no se implementó.
Este hecho se supo un año después de la toma de posesión del gobierno de Juan Carlos Varela, hecho que trajo el recuerdo del caso Orion, también vinculado a la supuesta expedición fraudulenta de licencias de marinos a través del otorgamiento de assessment o valorizaciones.
Una auditoría a la pasada administración de la AMP, a cargo de Roberto Linares, reveló que supuestamente no se supervisó los assessment que otorgó Orion, incurriendo en la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la seguridad colectiva y la seguridad jurídica de los medios electrónicos. La denuncia se presentó el 30 de enero de 2015 ante el Ministerio Público contra Linares y otros exfuncionarios que estuvieron al frente de la entidad entre julio de 2009 y junio de 2014, y todavía bajo investigación.
Consultado sobre este tema, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, dijo que como gremio no pueden manifestar opinión sobre publicaciones en los medios y redes sociales. “Si existe una denuncia formal, consideramos que se deben hacer las investigaciones que se requieren”.
