El comportamiento y los métodos utilizados en los últimos hechos en que se han visto involucrados funcionarios de la Policía Nacional y en los que han resultado afectados civiles, fueron revisados ayer por la procuradora de la Nación, Ana Belfon, y el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en reunión a puerta cerrada.
Este encuentro, en el que también estuvo presente el director de la Policía, Julio Moltó, se llevó a cabo en la sede de la institución armada en Ancón y sin acceso de periodistas.
Un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público luego de terminadas estas conversaciones señaló que se tocaron los últimos acontecimientos registrados con unidades policiales y organismos de investigación, sin entrar en los aspectos relativos al proceso, acatando el principio de presunción de inocencia.
Según el comunicado, se acordó que la Policía “efectúe sus funciones dentro del marco de la ley y los modelos ya existentes sobre las actuaciones dirigidas a la persecución criminal”.
Además, indica que se hizo hincapié en la importancia de que se cumplan las actuaciones del manual de procedimiento policial ya existentes y de las disposiciones que emanan de la Ley No. 18 del 3 de junio de 1997 sobre la Ley Orgánica de la Policía Nacional, como son el uso limitado de la fuerza y la política institucional en el uso de las armas de fuego.
De igual forma, dice la nota de prensa, se abordó el tema de los retenes en donde se concluyó que estas acciones continuarán realizándose por considerarse “un mecanismo de seguridad necesario para la prevención y persecución del delito, siempre cumpliendo los principios básicos de identificación de los agentes”.
En esta reunión también participaron el secretario general de la Procuraduría, Ramsés Barrera; el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar; el fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo; el fiscal superior especializado en Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas; el director de la Dirección de Investigación Judicial, Manuel Castillo; el director de la Dirección de Investigación Policial, Jorge Miranda.
INCIDENTES
El 23 de octubre pasado, un niño de tres años y una adolescente de 15 años de nacionalidad hindú murieron cuando agentes policiales dispararon contra el auto en el que viajaban, en un retén en San Carlos, Panamá oeste.
Cinco días más tarde, el hoy candidato presidencial Genaro López denunció que policías dispararon contra su vehículo, en el que también iban su esposa y su hijo de siete años.
Por último, este 17 de noviembre, en Villa Zaíta, un grupo de Antisecuestro de la Policía baleó un auto en el que viajaban tres mujeres y dos menores de edad. Dos mujeres resultaron heridas.
Cuatro policías están acusados por estos casos.