El procurador de la Administración, Rigoberto González, investigará a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alejandro Pérez por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Esto, luego de que ayer en una audiencia de control se declaró“no legal” una solicitud hecha por Pérez para que González fuera declarado impedido de investigar a Porcell, argumentando que entre ambos existe una relación de amistad.
Ángela Russo, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fungió como jueza de garantías en la audiencia, que se desarrolló bajo las normas del sistema penal acusatorio.
Leonardo Paul, abogado de Pérez, sustentó que lo más saludable era que el procurador fuera declarado impedido, porque pudiese poner en riesgo la objetividad de la investigación, toda vez que cuando ejerció como secretario general de la Procuraduría General de la Nación, en el período de 2004 a 2010, fue superior jerárquico de la hoy procuradora Porcell.
Russo negó la petición, explicando que la solicitud de Pérez está basada en un tema de transparencia, en vista de que quien solicitó la audiencia fue el procurador. Dijo, además, que la petición no se encuentra fundamentada en el artículo 74 del Código Procesal Penal.
Este artículo dice: “el fiscal –en este caso el procurador– se declarará impedido o podrá ser recusado cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su objetividad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con alguna de las partes (...)”.
Al culminar la audiencia, que duró dos horas, González prometió que desarrollará la investigación “con la mayor objetividad posible, realizando las diligencias que correspondan”.
“Inclusive, le manifesté a Alejandro Pérez que aun cuando es una denuncia y procesalmente él no es parte, yo le voy a dar toda la participación para que él conozca las diligencias que realicemos (...)”, añadió.
Leonardo Paul, abogado de Pérez, expresó que lo que se reclama es que se haga una investigación independiente. “Estaremos vigilantes de que se respete el debido proceso y que no tenga un carácter selectivo”, dijo.
El artículo 5 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000 estipula que el procurador de la Administración es el encargado de instruir sumarias por denuncias o acusaciones contra el procurador general de la Nación.
EL CASO
Por su parte, Pérez recordó que la denuncia fue interpuesta porque la procuradora Kenia Porcell dijo en una conferencia de prensa que había llegado a un “acuerdo verbal” con Odebrecht, empresa que se comprometió a devolver $59 millones que dio en coimas a funcionarios y particulares en Panamá. “Lo que ocurrió [en la audiencia de control] demuestra que en Panamá sí se puede hacer un proceso de investigación transparente, objetivo e imparcial, buscando la verdad y no [como] los procesos que llevan a cabo las fiscalías de la procuradora, que tratan de irse solo por un lado”, destacó Pérez.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Anticorrupción, investiga seis causas relacionadas con los sobornos que la constructora Odebrecht admitió haber pagado en Panamá.