El Segundo Tribunal Superior Penal declaró legal la orden de conducción con fines de indagatoria que giró la Fiscalía Primera Anticorrupción a Ricardo Chanis Correa, miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) en el quinquenio pasado, como parte de la investigación relacionada con el préstamo de $9 millones que otorgó el citado banco al consorcio HPC-Contratas-P&V para el fallido centro de convenciones en Amador.
En fallo del 10 de este mes, los magistrados María de Lourdes Estrada Villar (ponente), Adolfo Mejía y Secundino Mendieta concluyeron que la orden de conducción girada por la fiscalía es viable, “debido a la gravedad y la magnitud de la lesión patrimonial causada por el desembolso de una suma considerable de dinero ($9 millones), en favor de sociedades que no tienen ningún tipo de relación comercial para la realización de las obras de construcción del centro de convenciones de Amador”.
El fallo resuelve un habeas corpus interpuesto por la defensa de Chanis, con el alegato de que la conducción fue ordenada de manera inmediata, sin que la fiscalía hubiese dictado por lo menos tres citaciones previas.
Sobre este aspecto, el Tribunal citó el artículo 2154 del Código Judicial, según el cual cuando se trata de delitos con penas privativas de libertad el fiscal de la causa no tiene la obligación de girar la cantidad de boletas de citación, “tal como lo señala el letrado de la defensa”.
El 14 de octubre de 2016, la fiscalía ordenó la conducción con fines de indagatoria de Chanis, quien no se presentó nunca al proceso.
La vista fiscal del proceso fue remitida por la fiscalía al Órgano Judicial en noviembre pasado, con una solicitud de llamamiento a juicio para 16 personas, incluyendo a Chanis y otros exdirectivos de la CA.
Por este caso están detenidos Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA; Jayson Pastor, exgerente de ese banco; y West Valdés, de la casa de valores Financial Pacific.