Los cambios al Código Judicial contenidos en el proyecto de ley 245, que fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional la noche del pasado miércoles, permitirán los acuerdos de pena para “colaboradores eficaces” en los procesos por hechos delictivos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016, cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio en el Primer Distrito Judicial.
El polémico artículo 20 de la iniciativa no fue aprobado como llegó al pleno. Sin embargo, la propuesta presentada y avalada por diputados de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Partido Panameñista y Partido Popular, así como por la independiente Ana Matilde Gómez, también da la opción de archivar la causa penal al “colaborador eficaz” cuando se concreten las condiciones del acuerdo.
Parte del artículo aprobado, dice: “Se podrá acordar una rebaja de pena o mantendrá en suspenso la solicitud de apertura a causa criminal hasta tanto se concreten las condiciones del acuerdo, decretándose la ruptura de la unidad procesal, respecto al colaborador eficaz. En este último supuesto se procederá al archivo de la causa por parte del tribunal competente”.
Los acuerdos de penas podrán realizarse antes de la celebración de la audiencia ordinaria y cuando el imputado haya aceptado los contenidos en la resolución de indagatoria.
En total, fueron modificados 6 artículos de los 23 que contiene el proyecto, y se incluyeron otros 3.
Como parte de los cambios aprobados en el proyecto 245, que será sometido a tercer debate el próximo lunes, se excluyó la posibilidad de la sustitución de hasta el 30% de la pena impuesta por trabajo comunitario, arresto domiciliario, días multa y otros, para delitos como homicidio doloso simple, corrupción de funcionarios, estafa agravada y delitos financieros.
Otros cuatro artículos nuevos o con modificaciones tienen que ver con la asignación de beneficios para el sentenciado por parte del juez de cumplimiento, como la conmutación de la pena privativa de libertad, la participación del sentenciado en programas de estudio, trabajo o enseñanza dentro o fuera de la cárcel.
Asimismo, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas no podrá ser suspendida para los detenidos que hayan cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas.
También se fijó a cuatro y no a cinco años –como estaba en el proyecto– el tope considerado como pena corta privativa de libertad con la cual el juez de conocimiento podrá reemplazar, al dictar sentencia definitiva, las penas por arresto de fines de semana, días multa o trabajo comunitario.
Además, se le da a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la competencia para conocer los procesos de extradición del Capítulo II, del Título IX del Libro Tercero del Código Judicial, del incidente de objeciones contra la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.
EXPECTATIVAS
Para la diputada independiente Ana Matilde Gómez, con la modificación del artículo 20 del proyecto lo que se ha hecho es traer una norma que ya está vigente en el artículo 220 del Código Procesal Penal, para permitir que la herramienta pueda ser utilizada en los casos iniciados con el sistema penal inquisitivo.
“Una vez sea sancionado este proyecto, esperamos que el Ministerio Público se empodere y empiece a llamar a todos los nombres que se mencionan. No importa de qué partido o qué empresarios sean. Esperamos que las investigaciones se agilicen”, dijo.
En tanto, el diputado panameñista José Antonio Domínguez expresó que con la aprobado “le cerramos las puertas a la corrupción. El artículo 20 ayudará a acabar con la impunidad”.
Domínguez agregó que espera que el Ministerio Público tenga resultados rápidos en sus investigaciones. “Ya hay personas dispuestas a delatar y llegar a acuerdos de penas”, aseguró.