La Asamblea Nacional busca crear por ley el modelo de asociaciones de interés público privado en el país.
Esto, luego de que la semana pasada, la Comisión de Gobierno aprobara en primer debate el proyecto de ley 598, que regula la “creación de las asociaciones de interés público”.
Dicho modelo no es ajeno a la realidad de Panamá. Actualmente, este esquema es manejado a través del Decreto Ejecutivo No. 1099 de 30 de diciembre de 2010 y regulado por el Ministerio de Gobierno. Tiene como finalidad realizar actividades de interés público, ejecutadas por empresas privadas.
Según explicó Julio Escobar, de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, la diferencia entre este esquema y una oenegé es que los requisitos de rendición de cuentas y manejo de aportes públicos son “mucho más estrictos”, pues serán auditados por la Contraloría General de la República de Panamá.
No obstante, en el debate la preocupación se centró en que si este tipo de asociaciones pudiesen involucrarse en la licitación de infraestructuras, como hospitales, escuelas, entre otras.
Y es que, según el diputado perredista Leandro Ávila, esta modalidad internacional, sobre todo en los casos de infraestructura, “es un sistema que a la larga sale más oneroso para el Estado y, en consecuencia, para los contribuyentes”.
Aseguró que ha sido este el esquema que ha llevado al endeudamiento y a la quiebra a Puerto Rico. En ese sentido, se pidió a la diputada independiente Ana Matilde Gómez que dejara claro que el Estado no puede licitar infraestructuras y otras obras públicas con estas asociaciones.
Gómez, por su parte, plantea que este es un modelo probado y exitoso. “Panamá ya tiene la experiencia de que estas empresas tienen efectividad”, afirmó.
Entre ellas, mencionó el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), el Centro Nacional de Metrología de Panamá y la Red de Centros de Acceso Público a Internet.