El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, advirtió ayer que el recorte presupuestario efectuado al Órgano Judicial para 2018 obligará al aplazamiento de la carrera judicial y retrasará algunas obras asignadas para el avance del sistema penal acusatorio (SPA), entre otras consecuencias.
Ayú Prado informó ayer en la Comisión Legislativa de Presupuesto que le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de $346 millones, pero le asignaron $159 millones.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que es un show de Ayú Prado, a quien no le interesa ejecutar la carrera judicial para seguir nombrando jueces por amiguismo y no por concursos.
AYÚ PRADO PIDE $346 MILLONES PARA EL JUDICIAL
El recorte de $187 millones realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2018 al presupuesto del Órgano Judicial obligará al aplazamiento de la implementación de la carrera judicial y pone en peligro la estabilidad de algunos jueces a los que no se les podrá cubrir su salario, así lo afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, al sustentar el presupuesto de esa corporación ante la Comisión de Presupuesto.
En su intervención, Ayú Prado señaló que el Órgano Judicial solicitó $346 millones, pero que el MEF solo le aprobó $159 millones, lo que consideró insuficiente para atender la demanda, poner en funcionamiento la carrera judicial, pagar los salarios de jueces y ejecutar algunas obras necesarias para completar la implementación del sistema penal acusatorio (SPA).
Ayú Prado, que estuvo acompañado por los magistrados Harry Díaz, Abel Zamorano y Cecilio Cedalise, sostuvo que los $159 millones asignados son insuficientes para atender el aumento de la litigiosidad que se ha traducido en un incremento de la carga laboral de los jueces y magistrados, lo que se traduce en mora judicial para los usuarios del sistema de administración de justicia.
Dijo que la falta de recursos impedirá la puesta en funcionamiento de juzgados que han sido creados por ley. Se quedarían solo en el papel.
“¿Cómo es posible que el Órgano Judicial haga frente al aumento de los casos con una estructura que no ha variado desde 1990?”, preguntó Ayú Prado a los miembros de la Comisión de Presupuesto, visiblemente molesto por el recorte.
“El riesgo mayor es que tengamos que prescindir de servicios de jueces y de algunos despachos en la esfera civil y de familiar que podrían ser cerrados por falta de fondos”, dijo.
Para funcionamiento del Órgano Judicial solo recibió un aumento de $7 millones en comparación con el presupuesto de 2017.
Indicó que para terminar la implementación del SPA se había pedido la suma de $11.9 millones, y solo le fueron asignados $5 millones.
Además, planteó que hay obras que están en construcción que corren el peligro de quedar paralizadas, como lo son la unidad regional de Chiriquí, Coclé y el resto del equipamiento del SPA.
También abogó porque la Comisión de Presupuesto gestione un aumento de fondos para el Ministerio Público, entidad que pidió para 2018 la suma de $151 millones, pero solo le concedieron $116 millones.
Además, Ayú Prado pidió que también se aumenten fondos para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que solicitó para 2018 la suma de $79 millones y solo le han otorgado $39.2 millones. Indicó que con esos recursos no podrán entregar excelentes investigaciones a los jueces y magistrados.
En su intervención, aseguró que solicitó a los miembros de la Comisión de Presupuesto que se incremente el presupuesto al Judicial para 2018 a $196.7 millones, con el fin de cumplir con la administración de justicia.
Por su parte, del presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Barría, planteó la necesidad de hacer ajustes para que tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público puedan contar con los recursos suficientes.
NO HAY INTERÉS EN CARRERA JUDICIAL
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, aseguró que queda claro que ni al Órgano Ejecutivo ni al Judicial les interesa implementar la carrera judicial ni el Tribunal de Integridad, contenido en esta norma.
Castillo detalló que Ayú Prado solo hace el show de que necesita presupuesto, pero lo cierto es que le interesa seguir nombrando por amiguismos.
“Es una tragedia nacional lo vivimos y parece que no hay voluntad política para mejorar esta situación”, alegó.
Por su parte, Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), estimó que la carrera judicial es un tema de prioridades y no de presupuesto.
“Por un lado hay presupuesto para viajes, maestrías y nombramientos fuera de la carrera judicial, pero cuando corresponde aplicar la carrera judicial el dinero no alcanza”, acotó.
Además, manifestó que si bien la justicia necesita un mejor presupuesto y para garantizar su independencia es indispensable que cuente con autonomía en la administración de sus recursos, lo cierto es que jueces y magistrados no han dado muestras a la ciudadanía de hacerlo de manera responsable.
La Ley 53 de 2015 estableció la carrera judicial.
La carrera judicial obliga a concursos
La Ley 53 de 2015, que creó la carrera judicial, establece un régimen de concursos para el nombramiento de jueces y funcionarios que laboran en el sistema penal acusatorio.
Además, crea un tribunal especial de transparencia para investigar a los jueces y funcionarios que incurran en faltas a la ética judicial.
El año pasado, el Órgano Judicial nombró unos 900 funcionarios para el nuevo modelo penal sin cumplir con los requisitos de ley.
En 2016, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, también anunció que los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) eran insuficientes para implementar la ley de carrera judicial.
En aquella ocasión, Ayú Prado alegó que los 20 millones de dólares destinados para implementar la carrera judicial quedaron fuera del presupuesto por los recortes del MEF.
Para 2017, el Órgano Judicial solicitó un presupuesto de 274.2 millones de dólares, pero le fueron asignados 160.8 millones de dólares, lo que, a juicio de Ayú Prado, le obligaba a priorizar gastos.