La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer poner fin a la “impunidad” en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos (DDHH).
Expresó en su informe haber documentado “graves violaciones” cometidas desde mediados de abril de 2018, en el contexto de las protestas en el país.
“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad”, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.
La ONU observa que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad [...] lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto” al Ejecutivo.
Nicaragua está dirigida desde 2006 por el exguerrillero Daniel Ortega. El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia.
La violencia dejó más de 325 muertos y 2 mil heridos, 62 mil 500 exiliados, más de 500 opositores encarcelados, y una profunda recesión económica.