La presidenta chilena Michelle Bachelet firmó ayer un proyecto para redactar una nueva Constitución que garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, reconoce a los pueblos indígenas y amplía la protección de los derechos civiles.
La firma de la iniciativa y su envío al Congreso se produjo a solo cinco días del término de su mandato, lo que despertó críticas de oficialistas y opositores. Pero es poco probable que el proyecto prospere en el Congreso, donde no hay una mayoría clara.
A su vez, Bachelet será sucedida el próximo lunes por el centroderechista Sebastián Piñera, quien no se ha mostrado proclive a una reforma constitucional.
Dijo que la nueva Constitución busca “proporcionar un marco normativo legítimo” en alusión a que la carta magna vigente fue redactada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), aunque ha sufrido sucesivas reformas.
Dijo que la iniciativa protege los derechos al debido proceso, la huelga, la protección de los datos privados, la calidad de la salud, la vivienda, el trabajo y la gratuidad de la educación.
A su vez se eliminan los cuórums que la actual carta magna exige para ser modificada -de dos tercios y hasta cuatro séptimos-, lo que virtualmente impide hacerle cambios.
También reduce drásticamente las facultades del Tribunal Constitucional que en la práctica actúa como una tercera Cámara y que en reiteradas ocasiones ha revertido proyectos aprobados por el Congreso, como sucedió en 2017 con la ley que despenalizó el aborto por tres causas.
Respecto a los pueblos originarios, cuya población no supera el millón de habitantes, Bachelet dijo que su reconocimiento constitucional es “una materia inaplazable”. La nueva carta magna reconoce los derechos, identidad, cultura y legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional de los habitantes ancestrales de Chile.