Las bandas criminales colombianas que operan en la frontera entre Panamá y Colombia, controlan la minería ilegal que se explota en algunas poblaciones de Darién.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público adelantan investigaciones relacionadas con la operación de estas redes criminales ligadas al crimen organizado.
La fiscal Metropolitana, Fátima Sánchez Marciaga, confirmó que hasta ahora han detectado actividades de minería ilegal –ejercidas por las llamadas bacrin colombianas– en poblaciones como La Miel, La Hoya, Alto Limón, La Unión, Cocalito, Jaqué, Playa Muerto, Garachiné, Río Pito y Mina de Cana, todas en Darién.
Precisó que durante un reciente operativo en la zona, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se incautaron de varios tanques con mercurio introducidos en el país de manera ilegal.
Explicó que esta sustancia es usada por los mineros ilegales, sobre todo para la extracción de oro y, como tiene enormes efectos contaminantes dicha actividad, constituye en una gran amenaza para el medio ambiente.
El mercurio, dijo, puede contaminar ríos enteros, bosques y toda la fauna y flora de un determinado lugar.
Sánchez Marciaga recalcó que, aunque la minería ilegal es explotada fundamentalmente por bandas criminales procedentes de Colombia, algunos panameños ya han comenzado a practicarla.
De hecho, confirmó que recientemente fue desarticulado un grupo local que operaba en el río María en Chilibre.
Detalló, empero, que la mayor parte de las actividades de minería ilegal local se centra en la extracción de materiales no metálicos.
Dijo que en Pacora, por ejemplo, se han detectado grupos dedicados a la extracción ilegal de arena de los ríos y que por esa actividad se produjo una condena penal.
En estos casos, la arena esa sacada con maquinaria pesada, acotó.
Operativos en la selva
En Darién, según informes de inteligencia del Senafront, las bandas criminales colombianas (bacrin) controlan la actividad y financian, entregando dinero y equipos a campesinos para que extraigan los minerales y les entreguen la mayor parte de estos.
Reportes de la institución dan cuenta de un repunte en la actividad desde 2015 e identifican como responsables, entre otros, al Clan Usuga, que tomó control de la frontera binacional tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Precisamente, en 2015, durante una reunión de la Comisión Binacional Fronteriza Panamá - Colombia, las autoridades de ambos países reconocieron la injerencia de estas bandas en la región y alertaron sobre el uso de diversas estrategias para la obtención de recursos económicos, entre ellas, la minería ilegal.
En esa ocasión, se alertó que el trabajo de estos grupos es muy similar al ejecutado por los carteles de las drogas y se planteó la necesidad de establecer estrategias conjuntas para frenar una actividad que solo en Colombia genera millones de dólares.
La detección de estos campamentos ilegales requiere de un trabajo conjunto de los estamentos de seguridad, ya que su ubicación se logra tras reconocimientos aéreos realizados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y luego el Senafront envía personal a través de la selva, para proceder al decomiso y destrucción de estas infraestructuras.
Otra de las alertas sobre la presencia de estos campamentos es la ubicación de peces muertos en los ríos.
Usualmente, se trata de campamentos provisionales ocupados por grupos de entre tres y cinco personas que operan motobombas para la extracción de tierra del río y que luego usan el mercurio para extraer oro.
Las penas
Los delitos contra el medio ambiente relacionados con la minería ilegal fijan penas de prisión de tres a seis años, según el Código Penal.
Dicha norma establece que la pena aumentará en un tercio si la actividad ilegal se produce dentro de un área protegida.
Si además se descubre relación con el crimen organizado y los sospechosos son capturados en posesión de armas de fuego, la pena puede llegar a 10 años de prisión.
La fiscal reveló que se está trabajando en la elaboración de un decreto para prohibir la importación de mercurio y así evitar que este material pueda ser usado de manera indiscriminada para la minería.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) también aplica sanciones para quienes exploten de manera ilegal los recursos ambientales.
Para la explotación de recursos mineros se requiere de un estudio de impacto ambiental, una concesión del MICI, el pago de impuestos y la adquisición de maquinaria especializada.
