Un total de 2.5 millones de dólares le costará al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la licitación de la plataforma tecnológica para poner en funcionamiento el Registro Único de Beneficiarios.
A través de esta herramienta, la institución pretende dar seguimiento a los programas de asistencia monetaria condicionados, evitar la duplicidad de beneficiarios, e impedir que personas que no necesiten estas asistencias las reciban.
El ministro del Mides, Alcibiades Vásquez, explicó que el proyecto se materializará mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, y actualmente se está en la etapa final de la elaboración del pliego de condiciones para que a más tardar en el mes de febrero de 2017 el documento esté en PanamaCompra.
“Esta data de información no solo va a servirle al Mides, sino a todas las instituciones que manejan subsidios o transferencias económicas”, dijo Vásquez, quien estimó que el mismo debe estar operativo para 2018.
En ese sentido, informó ayer que se están investigando 836 casos de personas que han recibido algún beneficio de estos programas, sin realmente necesitarlos.
De ese total, 500 responden a funcionarios inscritos en la Red de Oportunidades y el resto a personas que fueron registradas como representantes legales de adultos mayores inscritos en el programa 120 a los 65 y que, tras el fallecimiento de estos últimos, siguieron cobrando el dinero.
El ministro señaló que con esta nueva herramienta tecnológica “nos estamos asegurando de que haya equidad en la selección de nuevos beneficiarios, y que todos los panameños que lo necesiten tengan la posibilidad de acceder a ellos, sin distinciones”.
SUBSIDIOS Y POBREZA
El presupuesto de 2016 de esta institución fue de 307.1 millones de dólares, de los cuales, 244.4 millones de dólares fueron destinados a los diferentes programas sociales.
El resto, 62.7 millones de dólares fueron distribuidos entre las instituciones que están adscritas a esa dependencia, como la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Instituto Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, además del monto que deben usar para el funcionamiento de la institución.
En total, el Mides tiene inscritas en su red de beneficiarios a 217 mil 938 personas en todo el país.
Las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Coclé son las que tienen la mayor cantidad de personas inscritas en los programas.
En el último Informe Regional sobre el Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, denominado Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso, publicado en junio pasado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se indica que Panamá ha logrado disminuir los niveles de pobreza.
Para 2003, en el país había un 49.8% de personas viviendo con menos de 4 dólares al día; es decir, una de cada dos personas. A 2013 se estima que solo un 20.3% estaba con ingresos menores a 4 dólares; es decir, una de cada cinco personas.
Sin embargo, el documento también apuntó que hay 1.3 millones de personas en condiciones vulnerables a recaer en la pobreza, 34.2% de la población.
Según los especialistas, esta situación responde a la desaceleración económica, por lo que sugirieron que se aumente la formación académica para el trabajo, con la finalidad de que las personas accedan a mejores empleos e ingresos, así como incentivar la creación de empleos formales e incrementar la cobertura de seguridad social.
HAY QUE REDIRECCIONAR
Sobre los programas que lleva adelante el Mides, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Roberto Troncoso opinó que el presupuesto no resulta oneroso para la cantidad de beneficiarios.
Sin embargo, señaló que el país debe ir encaminado a disminuir los subsidios.
Mientras que un informe, publicado en mayo pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas, precisó que durante 2015 se destinaron 923.1 millones de dólares en subsidios.
Todos vinculados directamente con el presupuesto familiar o el segmento de hogares, por ejemplo, tarifa de energía eléctrica, pasajes del Metro y Metro Bus y el tanque de gas de 25 libras.
En los mismos términos se expresó el economista Rolando Gordón, quien sugirió que se deben promover políticas públicas que incentiven el empleo formal y de calidad.
Además, sugirió hacer énfasis en el mejoramiento del sistema de educación, que también es parte de la solución.
En tanto, Rosaria Corro, exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Mides, estimó que se hace necesario redireccionar la política social del país.
A su juicio, se debe exigir a los beneficiarios cumplir con las obligaciones establecidas en los programas y, además, instaurar un programa eficaz de evaluación para saber si realmente se está cumpliendo con los objetivos de estas asistencias.