La agencia de noticias AFP informó que la Fiscalía de Bolivia desplazará a Panamá a dos de sus miembros para indagar si hay compañías o empresarios nacionales involucrados en el escándalo financiero revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
“En próximos días o semanas, un par de fiscales se va [a] ausentar hasta Panamá para ver toda esta información, solicitar esta información, que sin duda es de interés”, afirmó el fiscal general, Ramiro Guerrero, a periodistas locales.
Según AFP, el diario Irish Times aseguró, sin precisar nombres, que serían 95 las firmas y 18 las personas implicadas en Bolivia en sociedades offshore ligadas a la investigación, además de 8 beneficiarios y 35 accionistas.
También reportó AFP que el Gobierno boliviano habría pedido a principios de este mes al ICIJ información sobre sus connacionales, y que este habría respondido que “carece de registros corroborados”.
Por otro lado, el semanario uruguayo Búsqueda, uno de los 109 medios aliados al consorcio en la investigación global, aseguró ayer –basado en fuentes del Ministerio Público– que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, habría solicitado a la fiscalía de Crimen Organizado que “estudie iniciar de forma inmediata investigaciones a partir de la información publicada en la prensa y en particular el vínculo de algunos estudios uruguayos” en presuntos casos de lavado de dinero proveniente de corrupción pública. Según la publicación, las autoridades preverían iniciar de oficio indagatorias sobre las presuntas irregularidades.
“Hay líneas de investigación que están bastante claras, aunque se está definiendo la estrategia”, dijeron las fuentes a Búsqueda. “No puede ser que el país esté involucrado en este tipo de maniobras y no se haga nada”, agregó una de ellas.
Otra autoridad que según el semanario evaluaría el inicio de una pesquisa es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que analiza la información que ha surgido hasta ahora. Lo mismo estarían haciendo la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Dirección General Impositiva, dice Búsqueda.