El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió ayer jueves limitar la protección de los legisladores federales ante procesos judiciales, una medida celebrada por algunos expertos como un golpe a la impunidad, pero una decisión que podría abrir nuevas vías para que los políticos bloqueen los casos.
Antes del fallo, los 594 miembros del Congreso brasileño podían ser juzgados solo por la Corte Suprema, sin importar si su presunto delito se produjo antes de que se transformaran en legisladores.
Casi la mitad de los congresistas enfrenta algún tipo de cargo. Ahora, los legisladores federales serán juzgados por el máximo tribunal por los presuntos delitos que hayan cometido como congresistas federales y que estén directamente ligados con sus roles oficiales.
Eso significa que la mayor cantidad de casos relativos a investigaciones que han descubierto deslumbrantes niveles de corrupción política aún deben ser analizados por el STF, que toma varios años en resolver casos debido a un retraso en sus decisiones. Ese retraso ha permitido que una abrumadora mayoría de legisladores eviten enfrentar cargos, garantizando una inmunidad de facto para políticos que han creado algunos de los esquemas de sobornos más elaborados que ha visto el mundo, dicen los fiscales.
Quitar ciertas protecciones es en general un movimiento positivo, dijo Sergio Praça, cientista político de la Fundación Getulio Vargas. “Cambia la estrategia de los políticos corruptos”, dijo.
“Siempre contaron con el Tribunal Supremo como garantía de impunidad. Ya no lo es”, sostuvo. Sin embargo, hay preocupaciones de que el dictamen, que aunque en teoría alivia la carga de casos de la corte suprema, creará nuevas lagunas que los legisladores pueden utilizar para evadir los juicios por corrupción.