Los cancilleres europeos adoptaron ayer formalmente sanciones contra responsables del “deterioro” de la situación en Venezuela, entre ellos el ministro del Interior, a quien acusan de “graves violaciones de los derechos humanos”.
Las primeras sanciones individuales adoptadas por el bloque incluyen presidentes de altas instituciones y jefes del aparato de seguridad.
Aunque la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la situación en el país durante los cuatro meses de protestas que dejaron 125 muertos entre abril y julio, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) supuso el punto de inflexión para la adopción de sanciones.
Además del ministro Néstor Reverol, la UE impone medidas restrictivas, que incluyen una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, al director del servicio de inteligencia, Gustavo González, y a Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
La UE considera a los tres responsables de “graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la oposición democrática en Venezuela”. Entre estas violaciones, en el caso de González, se apuntan “detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes y torturas”.
A Diosdado Cabello, número dos del chavismo, también se le imponen sanciones por menoscabar la democracia y el Estado de derecho, “en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar”.
Cabello pertenece también a la ANC impulsada por Caracas y que rige como poder absoluto en Venezuela, máxime cuando la corte suprema del país considera nulas todas las decisiones del parlamento controlado por la oposición, tras declararlo en desacato.
La UE sanciona así a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por menoscabar la democracia, “al facilitar el establecimiento de la asamblea constituyente” y no garantizar la imparcialidad de la institución que dirige.
Su par del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, otro de los sancionados, es “responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad” del parlamento venezolano controlado por la oposición, según la UE.
Los europeos acusan también al fiscal general Tarek William Saab, quien sustituyó a Luisa Ortega tras huir esta del país al denunciar persecución política, de apoyar la retirada de competencias al parlamento, por lo que le sancionan.
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro rechazó “enérgicamente” estas sanciones, acusando al bloque de subordinarse a la administración “supremacista y racista” del presidente estadounidense, Donald Trump, según un comunicado de la cancillería.