La empresa Transporte Masivo de Panamá (Mi Bus) presentará ante el Consejo de Gabinete dos propuestas relacionadas con la operación y el marco legal del sistema de transporte masivo.
Carlos Sánchez Fábrega, presidente de la junta directiva de Mi Bus, subrayó que la primera será entregada al gabinete mañana y consiste en extender el contrato con First Transit, compañía estadounidense que asesora a Mi Bus en la operación del sistema de transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito.
El acuerdo actual entre ambas partes es por un término de 22 meses, un valor de 10 millones de dólares y vence en septiembre próximo. Lo que se propone es extenderlo 27 meses más, por el mismo monto.
La segunda propuesta implica la elaboración de una anteproyecto de ley en el que se contemple un marco regulatorio para el funcionamiento de Mi Bus.
Sánchez Fábrega explicó que lo que se pretende con la norma es establecer aspectos como, por ejemplo, la contratación del personal, el manejo de los fondos de la operación y cómo debe estructurarse la junta directiva.
Manifestó que se han tomado como referencia las reglas que rigen instituciones como la Autoridad del Canal de Panamá y el Metro de Panamá, las cuales tienen “buenos” modelos de gestión.
Según el presidente de la junta directiva de Mi Bus, estas dos herramientas son “necesarias” para pasar de un plan de estabilización a la consolidación de propuestas que “asegurarán” la transformación del sistema de transporte público.
Al respecto, Sandra Escorcia, coordinadora de la comisión de Movilidad Urbana de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), dijo que como gremio desconocen las propuestas y consideró que se está“improvisando” en el tema del transporte público.
A su juicio, no se ha trabajado en temas básicos, como disminuir el número de taxis, evaluar la proliferación de buses “diablos rojos”, mejorar las carreteras y aceras y desarrollar estacionamientos cerca de las estaciones del tren.
Añadió que tampoco existe una eficiente coordinación con instituciones como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá y el Ministerio de Obras Públicas para mejorar la movilidad urbana.
Escorcia estimó que una propuesta legislativa no va a solucionar el “caos” existente y que lo se que necesita es implementar el Plan Integral de Movilidad Urbana, en el que se hace hincapié en los elementos mencionados.
Por su parte, Roberto Moreno, exdirector de la ATTT, sostuvo que nada va a mejorar si no existe la voluntad de hacer cambios reales en el tema de la piratería y los “diablos rojos” que continúan transitando.
PIDEN CONSULTA
En tanto, Esperanza Mena, vocera de la Fundación para la Protección de los Usuarios del Transporte Público, indicó que “no existe” justificación para que la creación de una ley como esa no sea discutida previamente con los usuarios.
La activista manifestó que esto permitiría “validar” la norma y que no vaya en detrimento de los pasajeros. Asimismo, evitaría que cuando llegue a la Asamblea Nacional no sea sujeto de la “politiquería” por parte de algunos diputados.
Para Mena, es importante que en estas iniciativas se tomen en cuenta los componentes sociales y la parte humana que implica movilizar a más de 500 mil personas diariamente en los distritos de Panamá y San Miguelito.