La Fiscalía Sexta Anticorrupción llevó a cabo una inspección ocular en la Dirección General de Ingresos (DGI), como parte de la investigación que adelanta por el supuesto enriquecimiento injustificado de la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés –por $2.5 millones–, proceso que se inició a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República.
Personal del Ministerio Público (MP), encabezado por el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, llegó a tempranas horas de la mañana de ayer a la sede de la DGI, ubicada en avenida Balboa.
Después de la diligencia, el fiscal Vásquez certificó que la DGI efectúa una auditoría –que aún está en trámite– sobre algunos ingresos que obtuvo Cortés, cuya gestión se prolongó desde 2009 hasta 2014.
La DGI investiga el registro contable y de los clientes que obtuvo la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, vinculada con la exministra.
De acuerdo con la auditoría que realizó la Contraloría, dineros de fundaciones y abogados vinculados con empresas que obtuvieron contratos del programa Mi Primer Empleo, en 2011, presuntamente fueron depositados en cuentas de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, cuya representante y firmante es la exministra Cortés, quien estuvo a cargo del extinto programa.
Según el informe, la exministra habría tenido ingresos de fuentes conocidas por 1 millón 22 mil 418 dólares, mientras que los recursos que adquirió suman 3 millones 610 mil 348 dólares, lo que arroja una diferencia de 2.5 millones de dólares que Cortés no podría justificar.
La auditoría, que comprendió el periodo entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015, se originó en junio de 2015 tras una publicación del diario La Estrella de Panamá, que informó sobre bienes y propiedades de la exministra, quien asegura que la investigación es una persecución política.