El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una demanda de nulidad en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra el numeral 8 del artículo 10 del Acuerdo 001 de 2017, que adopta el reglamento del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, en Veraguas.
La organización ambiental considera que ese acuerdo de diciembre de 2017 es “contrario” a los intereses del parque natural, ya que otorga “poderes” al Ministerio de Ambiente para que pueda manejar a su “antojo” el fondo Coiba.
María Soledad Porcell, miembro del CIAM, explicó que el uso del fondo Coiba es responsabilidad del Consejo Directivo.
Como se recordará, el Consejo Directivo está integrado por los municipios de Las Palmas, Montijo y San Francisco, todos de Veraguas, y por el Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá, la Fundación Mar Viva, la Autoridad de Recursos Acuáticos, entre otros organismos.
Específicamente, el numeral 8 del artículo 10 otorga al Ministerio de Ambiente, como presidente del Consejo Directivo, la atribución de “recibir, recaudar, manejar, administrar, invertir, custodiar y autorizar el uso del fondo”.
Susana Serracín
Activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo.
No obstante, Porcell explica que esa es una responsabilidad colectiva de los miembros del Consejo Directivo de Coiba, como lo establece la Ley 44 de 29 de julio de 2004, por medio de la cual se crea la reserva.
“Modificar una ley por medio de un acuerdo es algo ilícito”, advirtió.
De hecho, la Ley 44 menciona que el Consejo Directivo será el encargado de administrar ese recurso financiero, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Según esa normativa, el fondo será destinado exclusivamente al parque.
Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que la demanda es “oportuna” y “procedente”, porque ese acuerdo “desnaturaliza” las funciones del Consejo Directivo.
“La idea de este tipo de figuras, como el Consejo Directivo, es que haya representatividad en la toma de decisiones, y con ese acuerdo se estaría centralizando en el ministerio un tema tan delicado y crucial para la operatividad de los fondos de Coiba”, puntualizó.
Pese a lo planteado por los activistas, Emilio Sempris, ministro de Ambiente, alegó que el Consejo Directivo es el ente que finalmente decide el “100% del uso del fondo”. “Qué lástima que el activismo político se quiera refugiar en el tema ambiental para hacerle daño a las 23 poblaciones que por décadas esperan beneficiarse del desarrollo sostenible en Coiba”, criticó Sempris, en alusión a la “necesidad” de utilizar el fondo Coiba.
Este fondo se creó con un capital semilla de $2 millones, en 2004, como una subcuenta del Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.