La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer que el grupo de expertos investigadores de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa cesará sus funciones y que en su lugar creará un mecanismo especial hasta poder ejecutar las recomendaciones de los expertos.
La CIDH dijo que consultará con el Estado mexicano y las familias de las víctimas para determinar los términos específicos que guiarán este mecanismo de seguimiento especial.
El presidente de la Comisión, el estadounidense James Cavallaro, lamentó la negativa del Gobierno mexicano para renovar el mandato del grupo de expertos una vez que expire el 30 de este mes.
“Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo”, indicó.
Cavallaro dijo que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría al organismo interamericano una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento porque “conocen muy bien el caso”.
El funcionario descartó que el fin del mandato del grupo de expertos signifique que la CIDH vaya a abandonar el caso o a las familias de las víctimas.
“El mecanismo buscará cumplir con medidas cautelares solicitadas por la Comisión y vigentes, la cual exige que se encuentren a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos”, explicó.
“Será el vehículo principal para darle seguimiento práctico a las recomendaciones de los expertos”, sostuvo el comisionado.
Pero el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, admitió que “la presencia del grupo generaba una cooperación sui géneris y novedosa que ahora va a disminuir”. “Pero en definitiva la investigación para esclarecer el caso es responsabilidad del Estado mexicano, no de la CIDH ni de los expertos”, añadió.
La decisión fue adoptada por la Comisión tras varios roces con el Estado mexicano. Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones el próximo 24 de abril en México, criticaron recientemente al Gobierno por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, donde según las autoridades fueron quemados los jóvenes y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Las familias de las víctimas pidieron a la CIDH que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determinara el paradero de los desaparecidos y se castigara a los responsables.
Una delegación gubernamental dijo esta semana tras reunirse con la CIDH que ya era momento de que los expertos presentaran sus recomendaciones finales, pero negó haber discutido sobre cómo interpretar el acuerdo que dio lugar al grupo de expertos en 2014.
El artículo 10 del acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato “será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
La CIDH había insistido en que le correspondía al organismo y no al Estado tomar tal decisión.