La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer la destitución de 28 congresistas opositores en Nicaragua e instó a respetar sus derechos políticos, luego de decisiones que bloquearon las aspiraciones políticas de detractores del presidente Daniel Ortega.
La CIDH “expresa su preocupación ante la destitución de los diputados de oposición en Nicaragua, y urge al Estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos en el país”, según un comunicado.
El pasado 29 de julio, el tribunal electoral de Nicaragua , afín a Ortega, ordenó la destitución de 28 diputados que habían desconocido sentencias de la máxima corte nicaragüense, que dejaron fuera de las próximas elecciones presidenciales a una coalición opositora.
Esas maniobras dejaron a Ortega sin oposición real, mientras busca ganar el 6 de noviembre su tercer mandato sucesivo y cuarto desde la revolución que encabezó de 1979 a 1990.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que “las personas elegidas por voto popular para ejercer el cargo de diputado fueron reemplazadas por una decisión judicial emitida en un contexto político de año electoral”.
Para el organismo, la situación pone una sombra sobre el respeto a los derechos políticos, como el derecho al voto y a la participación política en Nicaragua.
“El derecho al voto implica que los ciudadanos puedan decidir directamente, y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán”, indicó la comisión.