La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer que otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en vista de que ella y su familia se encuentran en “una situación de gravedad y urgencia”, ya que su vida e integridad “enfrentan riesgo inminente de daño irreparable”.
La CIDH requirió al Estado que adopte medidas para “garantizar la vida e integridad personal” de Ortega y su núcleo familiar, en particular para que pueda desarrollar sus funciones sin sufrir amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos o actos de violencia.
Entre los “factores de riesgo” que la CIDH consideró para otorgar la medida están amenazas y “declaraciones estigmatizantes”, algunas efectuadas por altos funcionarios, en “represalia por las labores de la fiscal”, lo que habría “contribuido a crear un ambiente de hostilidad y animadversión” en contra de Ortega.
Según la agencia AFP, la la decisión fue adoptada el pasado jueves, un día después de que la fiscal informó haber abierto una pesquisa por supuesto fraude en la elección del pasado 30 de julio.
Las medidas habrían llegado en momentos en que el Tribunal Supremo de Justicia estaría fallando el antejuicio de mérito que interpuso el diputado Pedro Carreño en su contra. El diario Últimas Noticias informó que la Sala Plena decidió suspender del cargo a la fiscal y ordenó su enjuiciamiento. Según el diario, el magistrado presidente, Maikel Moreno, dijo: “Es importante señalar la responsabilidad por la cual se le señala como presunta autora [a Ortega] es de carácter ético y moral”.
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