La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por las recientes decisiones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela que, asegura, usurpan las competencias de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y de mayoría opositora.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos —que hizo pública su posición a través de un comunicado disponible en su sitio web— también expresó su inquietud por el poder que ostenta la ANC para destituir y nombrar a cualquier autoridad, así como dictar y reformar leyes sin el control de los demás poderes del Estado.
El pronunciamiento de la CIDH se produjo 48 horas después de que este cuerpo oficialista aprobara —a través de un decreto— enjuiciar a los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, por supuestamente haber impulsado las sanciones económicas y financieras que le impuso a Venezuela el Gobierno estadounidense el pasado 25 de agosto.
Uno de los casos a los que la CIDH hace alusión es la remoción de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ocurrida el pasado 5 de agosto —el primer acto de la constituyente— en momentos en que efectuaba investigaciones por el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas por parte de los organismos de control, y el supuesto fraude en la elección de los constituyentes.
Un día antes de ser destituida Ortega, la CIDH adoptó medidas especiales de protección para la funcionaria y su familia, “al entender que se encontraba en una situación grave y urgente para su integridad personal”, señala el texto.
La CIDH también denunció un decreto de la ANC, aprobado el pasado 8 de agosto, en el que se regulan las “competencias, funcionamiento y organización de los poderes públicos de modo inmediato, para el adecuado funcionamiento de las instituciones y preservar la estabilidad”.
Advierte de que el texto prevé que se decreten medidas relativas a los poderes públicos y que lo que decida la constituyente sea acatado de inmediato. Lo anterior, añade el texto, implica que las competencias asignadas a la ANC podrían convertirla en un “poder paralelo”, que afecta al funcionamiento de la Asamblea Nacional y su representación popular.
Otro aspecto que es objeto de críticas por parte del organismo es la conformación de la llamada Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad, en un clima de gran polarización política y social. En su comunicado, resaltó el rechazo de la sociedad a esta iniciativa, ya que buscaría instaurar mecanismos para perseguir a la disidencia.
La CIDH aprovechó para recordar que los derechos humanos, los derechos políticos y la democracia están plasmados en la Carta Democrática Interamericana, donde se establece que los elementos esenciales de una democracia representativa son: respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, acceso al poder, realización de elecciones universales y secretas, régimen plural de partidos y separación e independencia de los poderes públicos.
Concluye el comunicado solicitando al gobierno de Nicolás Maduro que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que restablezca los mecanismos para que los poderes públicos funcionen de una manera independiente.
El pasado miércoles, la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, señaló en su cuenta de Twitter que “las decisiones de la ANC solo obedecen al pueblo soberano de Venezuela y jamás se doblegará a poder imperial alguno”. También ha dicho que “la ANC llegó como un bálsamo tranquilizador”, porque Venezuela amaneció tranquila al día siguiente de su elección.
La ANC fue convocada sin cumplir los requisitos constitucionales y sus miembros fueron electos en un proceso calificado como fraudulento por la oposición y la comunidad internacional.