La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó ayer a México a romper el “ciclo de impunidad” que protege a violadores de derechos humanos, en un crítico informe en el que pide “reorientar” el combate militar contra el narcotráfico.
“El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante”, indicó la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, en el extenso reporte, redactado tras una visita al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.
La estrategia militarizada contra los carteles del narcotráfico, iniciada durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) e intensificada por su sucesor Enrique Peña Nieto, condujo a México a “una grave crisis de violencia y de seguridad” que “ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos”, señaló la CIDH.
La propuesta del organismo es retirar poco a poco las fuerzas armadas de funciones de seguridad pública y entregarlas a policías civiles.
Las autoridades mexicanas deben “reorientar” la guerra contra el narcotráfico –que ha dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos desde 2006–, hacia un abordaje con “perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública” sobre las adicciones, indicó el organismo.
El Gobierno mexicano debe “reconocer que hay una crisis grave”, dijo el presidente de la CIDH, James Cavallaro. “No podemos tolerar que las fuerzas militares asuman funciones no propias y que hagan eso con índices de abusos altísimos” que se saldan sin condenas para los responsables, añadió Cavallaro, relator para México.
El duro informe constituye la más exhaustiva revisión que elabora la CIDH de la situación general de los derechos humanos en México desde 1998.
“En nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, respondió la cancillería mexicana en un comunicado, señalando que el informe de la CIDH “desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos que no se comparten”.