La oposición venezolana denunció ayer que el Poder Electoral impone trabas para validar 1.3 millones de firmas que fueron admitidas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, entre el 20 y 24 de julio.
“Solicitamos que duplicasen la cantidad de máquinas y ampliasen esos puntos de validación proporcionalmente a aquellos municipios donde existe mayor cantidad de firmantes (...) Eso fue negado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, declaró en rueda de prensa Vicente Bello, representante de la oposición ante la instancia comicial.
El CNE habilitó 300 máquinas captahuellas en 128 centros en todo el país para validar las firmas con la huella dactilar, desoyendo la petición de la disidencia de contar con al menos 600 máquinas para garantizar que todas las rúbricas puedan ser validadas.
“La dificultad está en que algunos de esos municipios donde ubicaron estas máquinas no son precisamente los que tienen la mayor población de firmas autorizadas a validarlas y tampoco son los municipios donde existe la mayor concentración de la población electoral”, añadió Bello.
El CNE informó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD ) sobre la distribución de los centros el viernes en la madrugada, informó el diputado Tomás Guanipa.
Tras la validación de rúbricas con huella dactilar, el CNE se tomará 20 días hábiles para su revisión, hasta el 23 de julio, aunque la oposición alega que esta verificación se puede contabilizar de inmediato.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró que el Poder Electoral “está montándole una emboscada técnica al pueblo”, por lo que llamó a sus electores a validar las firmas “de manera ordenada, mesurada y pacífica”. “Pongan donde pongan las máquinas, la gente va a validar su firma”, añadió Torrealba.
Para revocar a Maduro, la oposición necesita más de los 7.5 millones de votos con los que fue elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999. Si el referendo se realiza antes del 10 de enero de 2017, y Maduro pierde, se convocarán elecciones presidenciales. Si tiene lugar después de esa fecha, el vicepresidente –designado por Maduro– asumirá el cargo hasta 2019.
Las acciones del Gobierno contra el revocatorio llevaron a que el pasado viernes decenas de presos fueran movilizados por la autoridad penitenciaria para que se manifestaran frente a la Fiscalía, en apoyo a una demanda por el presunto uso de sus firmas a favor del referendo. Vestidos de pies a cabeza con uniformes azul celeste, amarillo y fucsia, 300 reclusos (hombres y mujeres) se concentraron ante la sede principal del Ministerio Público, custodiados por militares de la Guardia Nacional.
“¡Fraude, fraude!”, corearon los reclusos junto a una multitud, mientras miembros del Gobierno y dirigentes del chavismo presentaban el recurso por “usurpación de identidad” contra líderes de la MUD.
“Estoy encontrando firmas y datos de privados de libertad que no pudieron jamás haber firmado, ni porque quisieran. ¿Cómo es que sus datos aparecen ahí?”, dijo Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, quien suscribió la querella. Aseguró que su cartera ha constatado 81 casos de usurpación de identidad, aunque en un discurso en el lugar, afirmó que “se han atrevido a utilizar los datos de más de mil 300 privados de libertad”. No precisó si entre los manifestantes había suplantados. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los internos procedentes de los penales El Rodeo, Yare y Los Teques, tres de las mayores cárceles de la zona central del país, durante un acto para el cual se instaló una tarima y hubo música en vivo.