Una norma en la que estaría en juego el derecho a la libertad de expresión discute el Ministerio de Gobierno (Mingob) para reglamentar la Ley 82 de 2013 que tipifica el feminicidio y sanciona hechos de violencia contra la mujer.
Con el documento se propone crear la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión que estaría facultada para, entre otras cosas, llevar un registro de todos los medios de comunicación y monitorear las publicaciones a fin de constatar acciones discriminatorias, sexistas, estereotipadas o denigratorias o generadores de violencia contra las mujeres.
El documento señala que los propietarios de los medios de comunicación deberán registrarse ante esta dirección y aportar bajo “gravedad de juramento” información sobre el nombre y datos generales de la empresa, dirección, datos del representante legal, así como copia del certificado del Registro Público actualizado, nombre y domicilio del propietario y alcance geográfico del medio.
De igual forma, de haber cambios en la información suministrada esta deberá ser comunicada por escrito ante el Mingob.
Adicionalmente, se pretende “normar el procedimiento administrativo sancionador” el que se iniciaría con una queja o denuncia presentada contra el medio de comunicación.
En este sentido “cualquier persona natural o jurídica podrá presentar, en contra de un medio de comunicación, sin necesidad de abogado, una aqueja o denuncia por la supuesta comisión de actos de discriminación o violencia en contra de las mujeres”. Según el documento, esta denuncia no requerirá de “formalidad alguna” y el escrito deberá ser dirigido al Mingog.
MINGOB EXPLICA
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, explicó que la Ley 82 le da al Mingob la facultad de establecer sanciones, por lo cual se iniciaron las consultas para crear una reglamentación que defienda los derechos de la mujer y no se afecte la libertad de expresión.
Exhortó al Consejo Nacional de Periodismo (CNP) a que acepte que su Comisión de Ética sea la que evalúe las denuncias y determine si cabe o no una sanción.
En tal sentido, el presidente del Comité de Ética del CNP, Atenógenes Rodríguez, manifestó que ese ente es autónomo en sus decisiones y al momento de recibir las denuncias y establecerse en tribunal actúa independiente de toda influencia externa, y que solo promueve sanciones morales.
“El Comité de Ética no puede aceptar ejercer funciones de policía o fiscalizador para ningún ministerio o entidad pública, ni como brazo ejecutor de una ley; por lo tanto, ser parte de un proceso administrativo o penal propiciado por el Estado significaría poner fin a la independencia del Comité de Ética y del Consejo Nacional de Periodismo.
Por su parte, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el CNP, y la Asociación Panameña de Radiodifusión, manifestaron, a través de un comunicado, su rechazo a esta iniciativa, al tiempo que recordaron que Panamá es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligándose a defender la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones.
El ministro Henríquez presentará el martes 8 de noviembre ante el Gabinete este borrador de reglamentación y aseguró que se evaluará muy puntualmente el tema del feminicidio.