El “alarmante resurgimiento” del uso de disposiciones penales “anticuadas” sobre la difamación “para tomar represalias” contra periodistas críticos en toda América Latina, “representa un peligro para la libertad de expresión en la región”, señala un informe divulgado ayer por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton LLP, en colaboración con la fundación Thomson Reuters.
Según la investigación, 32 de 33 países del continente tipifican como delito la difamación mediante disposiciones que se invocan para castigar la disidencia y que crean un efecto inhibidor sobre el trabajo de los medios. Jamaica es el único país de toda la región que ha derogado completamente las disposiciones penales sobre la difamación.
“Pese al emergente consenso en el sentido de que las disposiciones penales sobre la difamación violan las normas internacionales en materia de libertad de expresión, el continuo empleo de tales disposiciones ha impedido las incisivas investigaciones periodísticas que son necesarias para un robusto debate en una sociedad libre y abierta”, señala en la introducción del informe Carlos Lauría, director de programa del CPJ y coordinador sénior del programa de las Américas.
El informe detalla que varios países han logrado avances en la derogación de las disposiciones sobre la difamación. Por ejemplo, México ha despenalizado la difamación en el ámbito federal, mientras que Argentina ha eliminado las disposiciones sobre la calumnia y la injuria en asuntos de interés público, según el informe.
Lauría presentó el informe en Lima, Perú, durante un panel de debate, en un evento copatrocinado por el Instituto Prensa y Sociedad.