La Corte Suprema de Justicia admitió una querella interpuesta contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático Alfredo Fello Pérez por la presunta comisión de delitos contra el orden económico.
La querella fue presentada en octubre de 2018 por el abogado Marcial Buitrago, en representación de la sociedad Bamos Adelante S.A., que denunció haber recibido un cheque sin fondos girado por el diputado.
El pleno de la Corte admitió la denuncia con ponencia de la magistrada Ángela Russo y ordenó el inicio de la investigación. Russo fungirá como fiscal del proceso, mientras que su colega Jerónimo Mejía, como juez de garantías.
En el edicto publicado en la Secretaría General de la Corte para notificar la admisión de la querella se informó, además, que el pleno aprobó solicitar al Tribunal Electoral información respecto a si el diputado goza de fuero penal electoral y, de ser así, hasta cuándo.
De acuerdo con la denuncia, la empresa Bamos Adelante S.A. concretó una operación comercial de $80 mil con el diputado y, como parte del pago, este canceló con un cheque de $26 mil que, sin embargo, no tenía fondos.
Esta compañía presentó una segunda querella contra Pérez –también en octubre de 2018–, luego de que le hizo un pago de $2 mil con un cheque que tampoco tenía fondos suficientes.
Esta segunda acción legal no ha sido admitida por la Corte aún.
Entretanto, el magistrado Olmedo Arrocha está a cargo –en calidad de fiscal– de un tercer proceso contra Pérez, interpuesto en abril de 2018 por la presunta comisión de delitos contra el orden económico.
La denuncia, que ya fue admitida por la Corte, da cuenta de que Pérez habría efectuado un pago de $5 mil a la empresa JVU International, S.A. con un cheque sin fondos suficientes.
JVU International, S.A. fue contratada por el diputado para la confección e instalación de parques infantiles, bancas y máquinas biosaludables en Chepo cabecera y Las Margaritas.
Por otro lado, en la Corte reposa un cuarto proceso contra Pérez, aunque por la presunta comisión de delitos ambientales en la modalidad de tráfico de madera y defraudación aduanera.
El origen de este proceso, también en manos del magistrado Arrocha, fueron dos denuncias remitidas al máximo tribunal por el Ministerio Público en 2016, que luego fueron admitidas y acumuladas.