Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen previsto llamar a una nueva licitación para la construcción de un edificio de estacionamientos en la policlínica Joaquín José Vallarino, en el corregimiento de Juan Díaz, obra valorada en 7.2 millones de dólares.
El pasado 22 de febrero la institución canceló el contrato suscrito con la Asociación Accidental Heliopol Geed, S.A., debido a retrasos en el proyecto.
Al menos cinco años han transcurrido desde que en octubre de 2012 fue entregada la orden de proceder para la construcción de esta edificación, en la que se habilitarían 423 estacionamientos.
La construcción tenía un avance del 42%, de acuerdo con datos del Seguro Social.
CSS CANCELA CONTRATO PARA APARCADEROS
La Caja de Seguro Social (CSS) decidió rescindir el contrato con la Asociación Accidental Heliopol Geed, S.A., por 7.2 millones de dólares para la construcción de un edificio de estacionamientos en la policlínica Joaquín José Vallarino, en el corregimiento de Juan Díaz.
La decisión fue adoptada, luego de 2 años y 11 meses de la paralización completa de los trabajos y de una serie de conversaciones entre las partes involucradas.
La construcción de estos aparcaderos fue gestionada desde 2012 y en octubre de ese año se entregó la orden de proceder para la edificación de este nuevo espacio, que contaría con 423 plazas para vehículos.
De acuerdo con el contrato original, la estructura debió estar lista en marzo de 2014, pero actualmente solo tiene un avance de 34%.
PROCESO DE FINIQUITO
Israel González, director Ejecutivo Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, detalló que el pasado 22 de febrero el director general de la entidad, Alfredo Martiz, sostuvo un encuentro con los directivos de la compañía a cargo del proyecto, en el que les informó oficialmente que el contrato sería rescindido.
“Estamos en la fase de finiquitar este contrato; es decir, que en conjunto con el Departamento de Asesoría Legal se realizan los trámites pertinentes para proceder a rescindir el contrato”, precisó.
Agregó que, como parte de este trámite, se debe evaluar el estado estructural y financiero del proyecto para luego convocar a un nuevo acto público.
Toda esta etapa podría tardar entre seis y ocho meses, mientras que terminar el proyecto de estacionamientos tomaría un año más, contado a partir de la entrega de la orden de proceder.
Es decir, los usuarios de esta policlínica deberán esperar, al menos, dos años más para contar con el edificio de aparcaderos.
Para dar una respuesta temporal a los usuarios, la administración de la CSS evalúa la posibilidad de alquilar un terreno cercano al centro médico, con el objetivo de que allí puedan dejar sus vehículos.
Actualmente, los asegurados se ven obligados a dejar sus automóviles en las instalaciones de las antiguas oficinas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que está sobre la avenida José Agustín Arango, o sea, al lado contrario de la policlínica.
Desde allí, las personas deben caminar y cruzar las cuatro vías por la línea de seguridad o subir el puente peatonal cercano a la policlínica para llegar a los consultorios.
‘NOS RETIRAMOS’
José Tejedor, abogado de la compañía responsable de la obra, indicó que el pasado viernes se les notificó mediante una nota y de manera formal la terminación del contrato.
Admitió que el proyecto tuvo varios atrasos, pero afirmó que estos fueron ajenos a la voluntad de la empresa.
“Ahora corresponde fijar una mesa de trabajo, en la que se establezcan los términos para concluir el proyecto”, expresó.
La empresa tiene previsto enviar esta semana una nota a la CSS aceptando la terminación del contrato y, de igual manera, presentará una serie de deudas generadas por la “indefinición” de la CSS en relación con el proyecto.
Según la empresa, la CSS les pagó 2.6 millones de dólares por el avance en el proyecto, pero les debe más de un millón de dólares en cuentas por cobrar.
Tejedor señaló que, de acuerdo con los estudios realizados por la compañía, el costo de este proyecto se ha elevado entre 3 y 4 millones de dólares, debido al incremento de los materiales de construcción y del salario de los trabajadores.
Respecto a esta controversia, Carlos Vallarino, excontralor general de la República, manifestó que son evidentes las “fallas” administrativas de la CSS, pues si la empresa no estaba cumpliendo con los términos debió cancelar el contrato lo más pronto posible.
Concluyó que en este tipo de casos es importante actuar de forma inmediata para que el Estado no pierda.