Los pacientes que padecen enfermedades críticas, crónicas y degenerativas de la Caja de Seguro Social (CSS) deberán esperar al menos unos cuatro meses para lograr que la institución se abastezca de manera óptima de los fármacos que necesitan para su tratamiento.
Estivenson Girón, director de la CSS, informó que se trabaja en la elaboración de un nuevo proceso para la compra de medicamentos de alto riesgo sanitario, tras un fallo emitido el pasado 27 de octubre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dicha sentencia revocó la Resolución No.1655 del 14 de diciembre de 2015, publicada por el Ministerio de Salud (Minsa), mediante la cual prohibía a las entidades públicas solicitar requisitos diferentes a los contemplados en la Ley No.1 de 2001, de medicamentos, al momento de llamar a actos públicos.
La prohibición se había introducido como la adenda número 3 en la licitación 02-2015 impulsada por la CSS para la compra de 79 renglones de medicamentos de alto riesgo sanitario por un monto de 39.3 millones de dólares.
Contra ese acto público la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) presentó un amparo de garantías constitucionales ante la CSJ, toda vez que consideraba que sus vidas estaban en “riesgo”.
En consecuencia, la Corte ordenó anular la adenda número 3 del contrato y que esta compra se llevara atendiendo las peticiones de los pacientes y de la CSS de exigir a las empresas interesadas en participar del acto público validar la calidad y eficacia de los medicamentos.
Es decir, que las compañías interesadas en venderle a la CSS medicamentos de alto riesgo sanitario deben contar con el aval de la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense o la Agencia de Medicamentos de Europa (FDA y EMA, por sus siglas en inglés, respectivamente).
De no contar con lo anterior pueden presentar certificación del producto comercializado en por lo menos uno de los países con alto estándar o certificación de cinco o más años de adquisición en instituciones públicas del sector salud de Panamá.
NUEVA ETAPA
Sobre el tema, Jorge Vergara, de la Dirección Nacional de Logística de la CSS, informó que pese a que se va a dar continuidad a la licitación 02-2015 a través de la inclusión de una adenda, corresponde hacer un nuevo acto público para que los proveedores presenten sus propuestas con los certificados de la FDA, EMA o con cualquiera de los otros parámetros establecidos.
Para esta nueva convocatoria se llevará a licitación la compra de 91 renglones de medicamentos por un valor de 160 millones de dólares, aproximadamente.
Vergara apuntó que lo que se busca con este nuevo proceso es asegurar el abastecimiento de estos medicamentos por un término de dos años a razón de 80 millones de dólares por año.
Respecto al tiempo que se tomará el proceso, Liliana Martínez, subdirectora Nacional de Compras de la CSS, indicó que se tiene que cumplir con una serie de requisitos administrativos contemplados en la Ley No. 51 que rige a la CSS.
Para ello, comentó, se tiene que hacer una publicación en los medios impresos avisando sobre el acto público y posteriormente darle un tiempo de 25 días a los proveedores para que preparen toda la documentación.
“Lamentablemente esto se nos escapa de las manos desde el punto de vista administrativo, quisiéramos que fuera más expedito, sin embargo, la ley contempla que debemos dar este tiempo”, sostuvo.
Acotó que para enero de 2017 se prevé hacer el acto público para que en el mes de marzo aproximadamente se puedan tener los medicamentos.
‘ESTAMOS EN RIESGO’
Para los miembros de la Fenaeccd el procedimiento de la CSS pone en “riesgo” sus vidas.
Orlando Quintero, presidente del gremio, estimó que son más de 200 mil los pacientes que durante el último año han recibido sus tratamientos de manera sesgada, lo que evidentemente desmejora su calidad de vida.
“Estamos agotados, cansados y frustrados por toda esta situación” en donde la falta de fármacos representa una sentencia de muerte para muchas personas que padecen enfermedades como VIH, mieloma, insuficiencia renal, entre otras.
Por su parte, Emma Pinzón, vicepresidenta de la organización, manifestó que este proceso debió llevarse de manera inmediata para que no se dilate más la espera de los pacientes.
Esta manera de actuar de la CSS solo demuestra el nivel de “deficiencia” de la actual administración, acotó.
Pinzón dijo que se mantendrán vigilantes de este proceso que parece una “artimaña” para no cumplir con el fallo de la CSJ.