A pesar de que la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan a las mujeres hacerse la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) durante el embarazo, en Panamá no es fácil el acceso a ellas en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), por la falta de reactivos.
Las pacientes deben llamar y acudir a varias instalaciones para confirmar si hay químicos para que les practiquen los análisis.
Así lo denunció Estefany Gómez, de 27 años de edad y con cinco meses de embarazo, quien debió acudir a varias policlínicas de la CSS para hacerse las pruebas que le solicitó su médico, como parte de su proceso de control prenatal, con el fin de vigilar el desarrollo del embarazo, el crecimiento del bebé, así como su estado de salud.
Entre las pruebas solicitadas estaban la biometría hemática, que permite detectar la anemia, infecciones, leucemia, enfermedades inflamatorias, incluso algunas para detectar células cancerígenas, la VDRL, que detecta la sífilis, herpes y el VIH.
“Realmente me sentía frustrada porque por una semana estuve buscando dónde realizarme las pruebas en las policlínicas y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, pero al final tuve que acudir a una clínica privada”, expresó.
Frente a esta denuncia, este medio llamó al centro de atención de la CSS, en el cual sus funcionarios confirmaron que la policlínica Manuel Ferrer Valdés, en el corregimiento de Calidonia, no tiene reactivos para la prueba del VIH.
Mientras, en la policlínica Manuel María Valdés, situada en el distrito de San Miguelito, se informó que sí podían hacer ciertas pruebas de embarazo, pero no la que permite detectar infecciones por clamidia. Y en la policlínica Carlos N. Brin, en el corregimiento de San Francisco, detallaron que carecían de insumos para varias pruebas.
Orlando Quintero
Director de Probidsida.
Sin insumos
Desde la CSS se reconoció que hay un problema con el suministro de reactivos para hacer las pruebas a las mujeres embarazadas, las cuales incluyen las del VIH.
El director nacional de Logística, William Silen, indicó que se trata de una responsabilidad compartida entre las empresas, laboratorios y personal de la entidad.
Detalló que dos casas farmacéuticas han incumplido con la fecha de entrega de los reactivos, y el personal de la CSS detectó ciertos retrasos en la emisión de las órdenes de compra.
El funcionario señaló que han tenido reuniones con representantes de los laboratorios en cuestión para buscar una solución a un hecho que afecta de forma directa a la población asegurada de la CSS.
Silen indicó que la última conversación fue el pasado jueves 28 de junio, porque en una reunión anterior se había acordado entregar los productos el 25 de junio, pero no fue así.
En total son unos 21 reactivos que la CSS está esperando sean liberados para ser distribuidos en las diferentes instalaciones.
“Como institución estamos en medio de un conflicto que no nos pertenece, pero que no podemos solucionar porque estos laboratorios no se ponen de acuerdo”, acotó.
Entre los reactivos que hacen falta no solo están aquellos de las ETS, sino también para ejecutar pruebas generales como de glucosa, urea, herpes y glicosilada.
Por otro lado, fuentes cercanas al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid informaron a este medio que los reactivos para detectar el VIH están restringidos y se utilizan solo para los casos de accidentes laborales, obstetricia y postparto.
El problema en cifras
Los últimos datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud dan cuenta de que desde 1984 hasta diciembre de 2015 se ha reportado un total de 383 casos de transmisión del VIH de madre a hijo.
Los estudios sobre este tema indican que la transmisión del VIH al niño se puede producir durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Los especialistas explican que para que una mujer embarazada y contagiada con el VIH tenga un niño libre del virus, debe recibir la terapia antirretroviral en el primer trimestre de su embarazo, tener una cesárea si la carga viral es alta, administrar medicamento preventivo al recién nacido y no darle lactancia materna.
Si se aplican todas estas medidas de prevención, el riesgo de que el niño resulte contagiado es menor al 2%, mientras que sin tratamiento este es alrededor del 30%; sin embargo, el escenario perfecto es que todas las mujeres en estado de gravidez acudan a sus controles prenatales desde el primer momento.
Situación crónica
La falta de reactivos para pruebas de ETS en las instalaciones de la CSS no resulta ser sorpresa para las diferentes asociaciones que defienden los derechos de los pacientes del país, que plantean que la falta de medicamentos e insumos “son un mal crónico” en la CSS.
Orlando Quintero, presidente de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/sida (Probidsida), calificó como “lamentable” la carencia de las pruebas para detectar el VIH en medio de una campaña nacional que invita a la población a hacerse la prueba.
A su juicio, con esta falencia “se pierde una oportunidad importante, no solo de salvar vidas, sino también de detener la cadena de transmisión”.
Agregó que esta situación va en dirección contraria a las metas “90-90-90”, que consisten en que para el año 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico; el 90% de los seropositivos diagnosticados tenga acceso a terapia antirretroviral sostenida; y el 90% de todas las personas en tratamiento antirretroviral goce de supresión viral.
Para Quintero, en el país el 90% de las mujeres acude a sus controles prenatales, pero hay 10%, principalmente madres jóvenes y de las áreas comarcales, que enfrenta un “inminente riesgo” por no hacerse su control.
Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, indicó que la falta de reactivos “no es una situación nueva, pero durante esta administración se ha agravado”.
Sostuvo que es muy frecuente que los proveedores incumplan las fechas de entrega, por ello estimó que debe modificarse la Ley 1 de enero de 2001 sobre medicamentos, de tal manera que se fijen sanciones más severas contra aquellos laboratorios o proveedores que no cumplen y ponen en riesgo la salud de la población.